Durante el bloque de economía y generación del empleo del debate celebrado este domingo, la candidata por Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, llegó a presentar hasta 18 propuestas en la materia y en diversos ejes. Sin duda fueron más de las que planteó el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo (11 en total); pero varios de estos planteamientos generaron críticas por el aumento en el gasto público que implicaría ejecutarlas y la falta de sustento alrededor de la viabilidad de los mismos.
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LA EXPLICACIÓN
Ayer, desde Arequipa, Luis Carranza, miembro del equipo técnico de FP, buscó dar más alcances de las propuestas delineadas por Fujimori. En principio, explicó que un eventual gobierno de la candidata empezaría a implementar desde este 2021 programas “de impacto” como el bono oxígeno, que ascendería a S/10 mil y se otorgaría a las familias de fallecidos por COVID-19; el aumento a Pensión 65, cuyo monto se duplicaría; y el incremento del 50% al programa social Juntos. “Hay caja suficiente para afrontarlo”, precisó.
Por otro lado, añadió que se han diseñado programas de crédito que siguen el esquema de Reactiva Perú, pero que se darán a siete años, con cuatro años de gracia y 0% de tasa de interés; que estarán dirigidos a microempresarios y a personas naturales y familias que debieron endeudarse para atender a sus familiares por el COVID-19. “Son programas financieros que no impactan la caja fiscal inmediatamente”, añadió.
Hace una semana, en una entrevista en este Diario, Carranza afirmó que en un eventual gobierno de Fuerza Popular la deuda se incrementaría a hasta 40% del PBI y se reduciría en torno al 39% hacia el 2026.
LAS CRÍTICAS
Carranza estimó que el costo de otorgar el ya famoso bono oxígeno sería de S/620 millones, pero tras el sinceramiento de las cifras de fallecidos por la pandemia, Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía de la UP, apunta que el aumento será significativo al estimado y además continuará incrementándose.
“Son más de S/1.800 millones que ya vas sumando, porque se ha prometido 10 mil soles por familiar fallecido”, apunta.
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Por otro lado, y considerando las iniciativas de gasto que buscaría impulsar Fuerza Popular, Casas considera complicado que se pueda concretar una medida como la reducción al ISC de combustibles -planteado por la candidata en varias oportunidades con el objetivo de beneficiar a transportistas- de forma general; y resalta que el ISC es el tercer principal impuesto que el país recibe, y que implica ingresos importantes para la caja fiscal.
“El ISC a los combustibles todo el 2020 recaudó S/4.000 millones. Si lo que se quiere es reducir el costo al transporte, preferiría que ante una reducción global del impuesto sea algo focalizado a los transportistas. Y el 2020 no fue un año tan bueno. El 2019 la recaudación por este concepto fue de S/5.000 millones. No es poca cosa, hablamos de más del 5% o 6% de los ingresos del Estado”, detalla.
Luis Miguel Castilla, socio de Videnza Consultores, comenta que le impactó ver el domingo anterior un cúmulo de propuestas dirigidas a distintos sectores e incluyendo la baja al selectivo de combustibles, “que se emplea para gravar a los combustibles más contaminantes”.
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Por otro lado, precisa que aunque la medida del bono oxígeno es populista, se deberá tolerar mayor gasto y planteamientos en esta línea y en beneficio de la población en el actual contexto de descontento general. No obstante, remarca las diferencias entre las anteriores propuestas de FP y las vigentes. “Hay una diferencia notoria y una expansión enorme de propuestas de exoneraciones y no pago de impuestos”, comenta.
Asimismo, estima que si se llega a exonerar del pago de impuestos por dos años a microempresarios, tal como propone Fujimori, la reducción de ingresos por ese período podría ascender hasta S/4.000 millones.
Para Alfredo Thorne, exministro de Economía, la pregunta clave que deben resolver Fujimori y Carranza para mantener la confianza internacional es si, más allá de la viabilidad del gasto, es sostenible cumplir con todas las promesas y mantener la sostenibilidad macroeconómica que ha caracterizado al país por años.
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“Carranza menciona algo que me parece correcto, que es que en un principio, al primer año [de ejecutadas las propuestas de gasto], va a tener que generarse un mayor espacio fiscal para hacer una gran reforma social, que está detrás de los dos candidatos. La idea que por lo pronto han planteado el BCR y MEF de que pasaría el déficit fiscal del 9% al 5% este año, me parece que no tiene mucho sustento. Nuestras proyecciones indican que este año llegaría al 6,5% y se van a mantener en eso el siguiente año producto de todas estas propuestas”, puntualiza.
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