¿Qué plantean los candidatos para cerrar la brecha de infraestructura y qué opinan los especialistas?

Con una brecha en infraestructura de más de S/363.000 millones, según la Guía de inversión en infraestructura para Perú 2020 – 2021 de EY, esta problemática figura en el radar de los planes de gobierno de los partidos que pretenden llegar al sillón de Pizarro en las elecciones de abril próximo.

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Así, desde Perú Podemos (PP) proponen la creación de un Ministerio de Fomento y Obras Públicas, la revisión y lanzamiento del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y la integración en una Agencia Nacional Reguladora de Servicios Públicos a Osiptel, Osignermin, Sunass, Sutran y Ositran.

En Victoria Nacional (VN) también apuestan por la instauración de un Ministerio de Infraestructura y Transportes que integre las principales unidades ejecutoras de inversiones del Gobierno Central, y por la formulación de un Plan Maestro de Infraestructura 2021 – 2051, que identifique y priorice proyectos de trascendencia macrorregional, regional y local.

Adicionalmente plantean la reforma de la Ley de Contrataciones, el destrabe efectivo de todos los proyectos identificados en el PNIC y la ejecución de un nuevo régimen de contrataciones para infraestructura.

En tanto, en Acción Popular (AP) hacen hincapié en el cierre de las brechas de infraestructura. Para ello plantean la reforma del sistema de contrataciones públicas y una nueva Ley de Contrataciones Públicas, donde se plasme un nuevo modelo de licitaciones y otras modalidades de adjudicación de recursos públicos para obras y servicios.

Pero, si en algo coinciden estos tres partidos, en la necesidad de alcanzar la cobertura al 100% de los servicios de agua y saneamiento, en todo el país, tanto en el ámbito urbano como en el rural.

MÁS QUE UN MINISTERIO

Sobre la base de esas propuestas, Eduardo Escobal, consultor internacional en APP e infraestructura, considera que aunque la creación de un ministerio de obras públicas o de infraestructura –propuesto VN y PP– “suena bien como concepto”, debe tenerse en cuenta el nivel de independencia que se le va a proveer a esta nueva entidad.

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“El problema es que tenemos un marco legal obsoleto para adjudicar obras públicas. La calidad de los estudios es a medias o mediocre, y ninguno de los presupuestos con los que adjudicamos tienen partidas de contingencias, lo que genera discusiones adicionales. Por eso considero que todo debería ir atado a una reforma revolucionaria del sistema de elaboración de estudios y de ejecución de proyectos, a lo que se le debe sumar un adecuado sistema de expropiaciones porque así sea vía APP o vía obra pública, si los terrenos no están saneados siempre va a haber problemas”, afirma.

Por su parte, desde la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) sostienen que aunque en otros países tienen una institucionalidad similar para estos proyectos, se requieren modificaciones legales sustanciales por tratarse de una reforma de fondo, pero su éxito dependerá de si se logra o no mejorar el diseño y la ejecución de los proyectos.

“Es mucho más que crear un Ministerio. Se trata de cambiar profundamente los procesos, de empoderar a las instituciones involucradas, de eliminar la dispersión de funciones y de contratar a los profesionales idóneos. Esto sin perjuicio a los cambios de enfoque por parte de la Contraloría”, refieren.

¿INTEGRAR O MEJORAR?

Con relación a la propuesta de PP de integrar en una Agencia Nacional Reguladora de Servicios Públicos a Osiptel, Osignermin, Sunas, Sutran y Ositran, es decir, a los organismos reguladores, en AFIN consideran que la institucionalidad regulatoria requiere modernizarse y adecuarse a las exigencias actuales.

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Pero, “más allá de integrarlos o no, lo que a nuestro entender se necesita es mejorar su eficiencia para el cierre de las necesidades de inversión sectorial. Quedarse en la regulación pensada en los 90 no ayuda”, indican.

Sin embargo, Eduardo Escobal refiere que considerando que cada regulador tiene un buen nivel de competencia “no sé para qué serviría integrarlos a todos en un solo ente. No sé si sea lo más adecuado”, anota.

AGUA PARA TODOS

Tomando en cuenta que PP, VN y AP prometen alcanzar la cobertura al 100% de los servicios de agua y saneamiento, Eduardo Escobal y AFIN coinciden en la importancia de apostar por la inversión privada para la provisión de ambos servicios que son esenciales en un país como el nuestro.

Según el especialista en obras públicas e infraestructura, se debe generar un marco de inversión y gestión privada encaminado a cubrir las necesidades de quienes hoy no cuentan con estos servicios.

“No tiene que ser necesariamente una APP, pueden ser contratos en participación, pero se debe tomar una decisión política proactiva de inversiones en EPS y no dejar que se maneje de una manera pobremente corporativa. Esa gestión debería tener un aporte privado importante sino vamos a seguir con lo mismo e iremos de reorganización en reorganización”, señala.

La misma opinión tienen en AFIN. Aseguran que les parece acertado –como propone PP– que se anuncie la participación de la inversión privada en el sector de agua y saneamiento.

“Eso no significa la privatización o venta de agua. Las empresas públicas concesionarias que prestan este servicio a nivel nacional, en su mayoría, están quebradas, porque tienen un manejo político. Nadie puede estar feliz con esta realidad y menos en medio de una pandemia en la que el lavado de manos es crucial”, anotan.

Finalmente, en AFIN sostienen que independientemente de lo que propone cada partido, “la prioridad debe estar enfocada en los sectores de salud y educación, así como en la ejecución del PNIC, en el que hay inversiones por US$25.000 millones (sin IGV) que pueden reactivar económicamente el país y generar miles de puestos de trabajo”.

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