La eliminación de los denominados contratos-ley, según lo propone un Proyecto de Ley presentado por la bancada de Juntos Por el Perú (JP), desincentivaría la llegada de la inversión privada al país y reduciría su calidad, advierten especialistas consultados por El Comercio.
Un contrato-ley es un acuerdo celebrado por el Estado e inversionistas, cuyos términos no pueden ser modificados con el transcurso del tiempo. Así, estos últimos tienen garantías para realizar sus inversiones frente a cualquier cambio jurídico en el Perú. “El Estado, cuando quiere atraer inversión, hace promesas y ofrecimientos que son buenos para el país, pero luego puede tener la tentación de desconocer su palabra. Los contratos-ley son un instrumento que se coloca para autolimitarse, para que los actos soberanos del Estado no puedan vulnerar los compromisos que ya se adoptaron”, explica Alfredo Bullard, socio del estudio Bullard Falla Ezcurra +.
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El 13 de setiembre pasado, Edgard Reymundo, congresista de JP, presentó un proyecto de ley que busca eliminar esa figura de la Constitución. “Los contratos-ley son en la actualidad una forma de acentuar la corrupción, porque no permiten que todos los empresarios tengan las mismas reglas y se les da un trato tributario al momento de establecer los tributos”, señala la exposición de motivos del documento.
Desincentivo para la inversión
No obstante, los especialistas consultados por este Diario aseguran que derogar esta figura jurídica sería un desincentivo para la inversión privada. Y es que los contratos con el Estado deben mantener las condiciones pactadas. “El Estado no puede cambiar a su antojo un contrato, decir que heredó las condiciones de un gobierno anterior y/o decir que las condiciones ya no lo benefician. ¿Quién va a querer arriesgar tanto contratando con el Estado? Los principales proyectos de infraestructura se dan en concesión; esto mata ese incentivo”, advierte Enzo Defillipi, profesor de la Universidad del Pacífico y exviceministro de Economía.
Para Bullard, además, el efecto se dará no solo en los niveles de inversión, sino en la calidad de la misma. “Habrá muchos inversionistas que decidirán no venir y nadie asume que este gobierno va a firmar contratos-ley. Entonces, la inversión se retrae”, añade.
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Así, de aprobarse una iniciativa como esta, las proyecciones económicas respecto a la inversión privada podrían verse afectadas. Como se recuerda, en una conferencia de prensa realizada el último viernes por el Banco Central de Reserva se dio a conocer un ajuste del crecimiento de la inversión privada para el 2022. Esta pasó de 2,5% (proyección de junio 2021) a 0%.
Los contratos-ley y el Indecopi
El nuevo presidente del Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, se pronunció también sobre los contratos-ley durante la última campaña electoral en la que postuló al Congreso por el partido Perú Libre. “Vamos a revisar muchos contratos-ley, los que tienen cláusulas monopólicas. Son contratos lesivos y abusivos”, afirmó en marzo pasado.
Según las fuentes consultadas, el presidente de dicha entidad no tiene injerencia directa para modificar los contratos. No obstante, dicha declaración no es del todo positiva respecto a la necesidad de mejorar el clima de inversión. “Es una opinión subjetiva decir que es un contrato lesivo. La cosa es que el contrato ya está firmado. Si consideran que el contrato ya firmado es abusivo, pueden tratar de renegociarlo, pero no puede desconocerlo unilateralmente”, finaliza el economista Iván Alonso.
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