Las embajadas de Canadá, Francia, Australia y Colombia expresaron su preocupación sobre la aprobación de la Ley 31018 del Congreso de la República que suspende el cobro de los peajes durante el estado de emergencia nacional.
Mediante una carta conjunta enviada al presidente del Parlamento, Manuel Merino, los jefes de las misiones diplomáticas en Perú afirmaron que la norma “vulnera la estabilidad y seguridad jurídica” en el país.
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“Siendo esta duración (del estado de emergencia) incierta, el impacto financiero en las concesiones viales afectadas es incalculable”, señalaron los embajadores.
“La Ley 31018 indica que la suspensión de los peajes no causará ni generará derecho compensatorio, lo cual desconoce los mecanismos de negociación contractual estipulados en los respectivos contratos”, añadieron.
Las embajadas de los referidos países también sostuvieron que la suspensión del cobro de los peajes causará que se dejen de efectuar el mantenimiento de las vías concesionadas, que también ha sido advertido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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Asimismo, las misiones diplomáticas destacaron que Perú ha sido un país favorecido en la región para las inversiones privadas, las cuales han sido “vitales” para el crecimiento y desarrollo económico.
“(Medidas como la Ley 31018) comprometen peligrosamente las inversiones privadas tan importantes y necesarias en un contexto como el actual en el que el Perú requiere enfrentar decididamente los impactos económicos de la pandemia del COVID-19”, señalaron.
Los embajadores aseguran estar dispuestos a exponer con mayor detalle sus posiciones en caso el presidente del Congreso así lo crea conveniente.
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“Independientemente de una eventual decisión del Tribunal Constitucional acerca de la Ley 31018, confiamos en que el Congreso de la República presidido por usted queda abierto a nuestras posiciones”, puntualizaron.
La misiva lleva las firmas de Ralph Jansen, embajador de Canadá; Diana Nelson, embajadora de Australia; Antoine Grassin, embajador de Francia y María Claudia Mosquera, embajadora de Colombia.
Algunas de las concesionarias que operan en el país se encuentran financiadas por capitales extranjeros. Tal es el caso de Lima Expresa (ex Lamsac), que pertenece forma parte de la firma francesa Vinci Highways, y de Rutas de Lima, a cargo del fondo de inversión canadiense Brookfield.
El MEF ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el TC respecto a la ley aprobada por el Legislativo al considerar el grave perjuicio que tendría para la economía peruana.
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