El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) para el periodo 2022-2025. De acuerdo a sus estimaciones, en el 2022 la inversión privada en el país crecerá en un 5,5%, mientras que entre 2023 y 2025 el ritmo de crecimiento sería del 4,3%.
“En 2022, la inversión privada crecería 5,5%, sostenida por la continuidad en la ejecución de grandes obras de infraestructura, inicio de construcción de proyectos mineros y recuperación de la inversión diversificada, en un contexto de disipación de la incertidumbre”, señala el documento. Asimismo, indica que los avances en las obras del Plan Nacional de Infraestructura (PNIC) y de las Asociaciones Público Privadas (APP) sostendrán el crecimiento en los siguientes años. “Entre 2023 y 2025, la inversión privada crecería en promedio 4,3% sostenida por el dinamismo de la inversión no minera, en un contexto de mayor impulso al PNIC, que permitirá acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura y obras priorizadas bajo el esquema de APP; y la expansión de la inversión minera”, agrega el MMM.
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A pesar de estos argumentos, la inestabilidad política se mantendría por las políticas que plantea realizar el gobierno de Pedro Castillo. Esto imposibilitaría que mejore el clima de inversión, por lo que es improbable que las metas del crecimiento que estima el MEF se cumplan, advierten especialistas.
Cuestión de señales
El principal factor que impediría que se lleguen a las metas planteadas acerca del crecimiento de la inversión privada es el discurso del Ejecutivo en materia de política económica. “[La inversión privada] responde también a las condiciones de inversión. Parece improbable que en un gobierno con las políticas que están implementando con el discurso, la inversión privada o la confianza para invertir se recuperen para que la inversión privada crezca”, explica Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas.
Así, estos objetivos serían muy optimistas de cumplir cuando las proyecciones del país no son positivas y harían que el inversionista peruano sea más cauto, al menos en el corto plazo. “Lo que el inversionista está recibiendo son señales muy malas por parte del gobierno. Es un gobierno que quiere intervenir en los mercados y eso genera mucha incertidumbre. Además, los actores que tienen el poder político en el gobierno no cuentan con la confianza del sector privado”, señala Gonzalo Llosa, Gerente de Estrategia de Inversión de Prima AFP. Asimismo, añade que el incremento del tipo de cambio encarece los bienes de capital. Esto también genera que el financiamiento para el Estado aumente “y eso se traslada al costo de financiamiento para las empresas”, indica.
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Asimismo, la evolución histórica del crecimiento de la inversión privada tampoco es favorable para las proyecciones del gobierno. Entre el 2015 y el 2019, antes de la pandemia del Covid-19, la inversión privada creció en 3,2% en un promedio anual. “Lo que tiene a favor el gobierno son los precios de los metales. Si se mantienen, eso genera mayor economía e inversión privada, pero eso no lo controla [...] Le va a jugar el contra el hecho de que esté proyectando encima de su potencial”, agrega Segura.
Otro punto en contra para este tipo de inversión es que se proyecte un crecimiento superior al que se puede lograr. Mediante un informe analizando las medidas planteadas en el MMM, el Consejo Fiscal asegura que este optimismo podría llevar a que el gobierno “sobreestime la recuperación de los ingresos fiscales e incentive mayores niveles gasto, lo que podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Ante esta situación, el gobierno podría apostar por la moderación de su mensaje para incentivar a los agentes privados. “El gobierno tiene una gran labor para cambiar la política, para hacer eso [las metas del MMM] creíble. Eso pasa por temas, no solo del lado del MEF, sino por todo lo que se dice en el ruido político. como la asamblea constituyente. Las principales consultoras y analistas ya están bajando [las expectativas del] crecimiento para el otro año, hacia el 0% o 0,2%”, advierte Carlos Oliva, presidente del Consejo fiscal.
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