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La economía peruana cuenta con poca capacidad para generar ingresos tributarios adecuados para el nivel de desarrollo del país. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la recaudación en el Perú, como porcentaje del PBI, es similar a la de países de ingresos bajos como Zimbabue o Nigeria.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la causa principal de este problema es el incumplimiento tributario, que le cuesta el equivalente a 8% del PBI al país (unos S/56.200 millones anuales). Un componente clave de este total es la pérdida que se genera por operaciones no reales realizadas por las empresas; por las que se pierden S/4.400 millones cada año.
Para poner la cifra en perspectiva, es un monto mayor a una de las políticas clave que se está discutiendo en el Congreso: las exoneraciones tributarias en la Amazonía, cuyo costo anual bordea los S/4.000 millones.
Las operaciones no reales consisten en captar y presentar facturas falsas –incluso emitidas por empresas fantasma– para elevar los gastos de la empresa y generar escudo fiscal, es decir, menor obligación de pagar IGV. Esta es una de las cinco modalidades más utilizadas para evadir la obligación tributaria, de acuerdo con la Sunat.
En ese sentido, estima que hay 111.422 RUC creados para estos propósitos a nivel nacional.
LOS GRANDES EVASORES
Las cifras de la entidad recaudadora apuntan a que, de los S/4.400 millones que se dejan de recaudar por operaciones con facturas falsas, el 28% es evadido por actividades en el sector servicios, 20% por comercio y 15% se evade en el sector manufactura. El sector construcción es el cuarto más evasor y, en total, se dejan de recaudar unos S/533 millones; una cifra que se podría duplicar si se consideraran las transacciones con sectores vinculados, apunta la entidad.
La Sunat resalta que ha tomado acciones frente a ello y actualmente hay 20 empresas del sector denunciadas por operaciones no reales; que son catalogadas como un delito tributario. Así, son 64 procesos abiertos contra las firmas que, en total, suman unos S/100 millones en disputa.
Respecto a esta situación, el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia, refirió que es algo positivo que la Sunat ataque el problema de la evasión de IGV con facturas falsas. Sin embargo, hay temas como la evasión del Impuesto Predial que son igualmente relevantes en el sector.
“Si se falsifican facturas es un delito contra la fe pública que hay que sancionar, pero no debemos quitar de vista que hay más cosas por lograr, pero no se hacen porque no se adoptan medidas racionales para gestionar el tema”, apunta.
