Simplificación de regímenes tributarios, medidas para facilitar la inversión y beneficios a favor del turismo son algunos de los puntos que ha abordado el pedido de facultades legislativas planteadas por el Gobierno ante el Congreso. En total, se tratan de más de 40 temas los cuales se abordan en el proyecto.
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“Se propone regular aspectos que puedan incidir en una gestión pública moderna, ya sea optimizando la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos, o mediante intervenciones públicas que satisfagan las necesidades y expectativas de las personas”, se lee en el documento que ingresó a mesa de partes del Congreso el pasado 10 de enero.
“No creo que estas medidas vayan a tener un impacto reactivador en el corto plazo"
Luis Miguel Castilla
Para Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, el pedido hecho por el Ejecutivo debe evaluarse en conjunto con medidas que forman parte del plan Con Punche Perú. “El Gobierno no se quiere mantener en piloto automático, sino que quiere plantear una agenda dirigida a acelerar las inversiones paralizadas, a tener un mayor avance en el Plan Nacional de Infraestructura, entre otros. Quiere dar la señal de que la agenda económica es prioritaria”, aseveró.
Dicho esto, Castilla sí considera que más allá de los decretos legislativos que se propongan, el efecto de las mismas dependerá más de las medidas complementarias. “No creo que estas medidas vayan a tener un impacto reactivador en el corto plazo. Son marcos normativos que deben reglamentarse y ese es su verdadero desafío. Además, todo va a depender de contar con el personal idóneo y que exista un escenario propicio para la toma de decisiones”, aseveró.
Plan Nacional de Infraestructura
Una de los temas que el Ejecutivo busca modificar mediante decreto legislativo es el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 - 2025 (PNISC), a fin de definir medidas especiales para facilitar el desarrollo de proyectos priorizados en el plan.
“Corresponde reconocer la necesidad de ejecutar estos proyectos complementarios, para lo cual se habilita a las entidades titulares de proyectos priorizados en el PNISC a suscribir convenios con entidades de los tres niveles de gobierno para financiar o ejecutar dichas intervenciones”, explica el documento.
Esta medida -en opinión de Castilla- si bien es positiva, no implica de por sí una reactivación de proyectos ya que algunos de ellos están paralizados por factores propios de cada proyecto. “Por ejemplo, la Línea 2 del Metro tiene retrasos por interferencias que existen y los predios no entregados al concesionario a tiempo. Igual el aeropuerto Jorge Chávez, para la ampliación hemos visto que se han presentado demoras”, aseveró.
Materia tributaria
Algunos de los cambios más relevantes vienen desde el lado tributario. En opinión de Jorge Picón, abogado tributarista, en general los puntos a modificar son prudentes y consecuentes con un gobierno de transición.
“No están haciendo grandes cambios. No están pidiendo nada fuera del libreto. Son cosas que ya estaban medianamente propuestas. Se solucionan problemas identificados como el tema de la venta del oro a los joyeros locales. Los productores de oro en Perú no le venden a los joyeros peruanos porque es más caro venderles a ellos que exportar el mineral. Esta es una corrección que se requería”, advierte.
Si estas empresas van a necesitar contratar un contador y llevar la contabilidad para los impuestos, no va a funcionar
Jorge Picón
Uno de ellos es el reducir de cuatro a dos los regímenes tributarios, buscando así que el ejercicio de tributar sea más sencillo para las pequeñas empresas. De esta forma, se eliminarían el Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER) y el Régimen MYPE Tributario (RMT). Picón dijo que esta propuesta es una tarea pendiente en materia tributaria ya que estos regímenes creaba opciones a los contribuyentes.
“Lo primero que uno debe tener claro es que los regímenes deben ser simples para las Mypes. Si estas empresas van a necesitar contratar un contador y llevar la contabilidad para los impuestos, no va a funcionar”, sostiene.
La propuesta de facultades plantea modificaciones al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) para que este aplique para pequeñas empresas. Para hacerlo más sencillo a las Mypes, el Gobierno plantea la digitalización de los libros contables de las empresas. Sin embargo, Picón es escéptico sobre ello.
“Ese mismo mensaje lo dieron cuando crearon el régimen mype. Se decía que las empresas no iban a requerir contador y que todo se iba a facilitar mediante reglamento. Fue falso todo, no se pudo implementar”, aseveró.
Beneficio a turistas
Por otro lado, el pedido de facultades también plantea beneficios tributarios para devolución del IGV a turistas. Para ello, el pedido de facultades señala que se requiere ampliar el número de establecimientos que ofrece este beneficio para fomentar así el turismo receptivo.
No obstante, para Picón, es importante tener en cuenta que el principal problema de este beneficio es que las ventanillas de Sunat en los aeropuertos -donde se debería aplicar la devolución- no están activas. “Es una forma de incentivar el turismo que funciona en todo el mundo. Lo que se quiere aplicar es que los turistas acumulan sus facturas y en el aeropuerto le devuelven el IGV. Esto debería ser en una ventanilla pasando migraciones en el aeropuerto. El esquema es bueno, pero a la fecha esa ventanilla no existe. Se entiende que esa ventanilla debería estar funcionando este año porque la norma tiene más de 12 años”, dijo.
El camino a la aprobación
Cabe precisar que el total de los 42 puntos planteados en facultades deben ser evaluados por el Congreso, el cual deberá definir si le otorga facultades sobre todos los pedidos o decide excluir algunos. Una vez otorgada, el Ejecutivo tiene un plazo de 90 días para emitir decretos legislativos.