Continúan los problemas para los operadores de telefonía celular. Ahora la Municipalidad de San Isidro ha impuesto nuevas restricciones a la instalación de antenas tales como la imposibilidad de colocar antenas en el Bosque El Olivar, edificios de uso público como centros de salud y educación, inmuebles residenciales de menos de 5 pisos y edificios corporativos de menos de 3 pisos.
Además, indica que no se podrán regularizar antenas y torres instaladas en zonas no permitidas, sobre las cuales el operador debe “suspender el servicio, y proceder a su demolición, desmontaje y/o retiro” en un año.
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Ante esta situación, el Ejecutivo creó el año pasado el mecanismo de aprobación automática, a fin de facilitar el despliegue de infraestructura de este tipo. Pero los operadores aún no pueden usarlo, pues no se han emitidos los requisitos para obtener el instrumento de gestión ambiental (IGA) necesario para la aprobación automática, a pesar de que han pasado cerca de dos meses desde que venció el plazo.
¿SOBRECOSTOS?
Los requisitos ambientales para obtener el IGA –a cargo del Ministerio del Ambiente (Minam)– podrían generar sobrecostos para los operadores.
“El IGA llamó mucho la atención, porque telecomunicaciones no es una industria extractiva”, indicó Juan Rivadeneyra, director de marco regulatorio de Claro.
Agregó que el cableado de infraestructura que está dirigida a los domicilios, por ejemplo, no implica una profundidad mayor a 60 cm. “Existe una inquietud de la industria de por qué se encuadra la infraestructura de telecomunicaciones en la lógica ambiental”, afirmó.
DISTINTAS PERSPECTIVAS
El viceministro de Comunicaciones, Javier Coronado, indicó meses atrás que el MTC había propuesto que se brinden facilidades a la instalación de antenas, entre ellas, que sea posible gestionar varias infraestructuras con un solo certificado ambiental.
Sin embargo, transcendió que los requisitos que el Minam propone irían en sentido contrario.