La reactivación económica sigue siendo una realidad lejana para algunos empresarios; y en particular, para la microempresa y pequeña empresa. Así lo identifica Guillermo Sangster, administrador de la galería El Rey en Gamarra, quien señala que solo un 20% de los 600 puestos comerciales de ese establecimiento se encuentra abiertos y operando a medias.
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“Muchas mypes aún no reciben financiamiento. Tiene que llegar para el capital de trabajo, considerando que el 99% de la estructura empresarial está compuesta por mypes”, asevera Julio Pardave, presidente de la Asociación Pyme Perú.
Frente a este panorama, los retos principales que tendrá el gobierno de Martín Vizcarra durante los próximos 12 meses para reactivar la economía, de acuerdo con los expertos, deben ser atendidos con urgencia si se busca una verdadera mejora.
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LOS ÁMBITOS URGENTES
En conversación con El Comercio, Carlos Parodi, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico; Camilo Carrillo, economista del Consejo Privado de Competitividad; y Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas, identifican que uno de los retos más urgentes es fortalecer la relación entre el sector público y privado, con el objetivo de reactivar obras de infraestructura que permitan impulsar el empleo y la actividad económica. En ese sentido, coinciden en que las medidas actuales y aisladas no son suficientes para cumplir las metas.
“Se debe armar un programa y lanzarlo con un paquete. Es difícil percibir un programa de reactivación que sea sostenible sin que haya un consenso con todas las fuerzas políticas, incluyendo al sector privado y al Legislativo”, indica Thorne.
“Con el Gabinete anterior había distanciamiento, ahora tiene que haber cercanía. El sector privado, empresa pequeña y grande, es el único que crea riqueza y genera empleo”, remarca Parodi.
Para Carrillo, la inversión privada puede acelerarse a partir de inversión pública que la impulse; y en ese ámbito considera que será vital retomar la agenda de las asociaciones público-privadas (APP). Así, apunta que deben revertirse las cifras actuales de adjudicación de proyectos: mientras que antes del 2015 Pro Inversión adjudicaba un promedio de US$2.800 millones anuales en obras, esta cifra fue descendiendo sistemáticamente y ahora se ubica en menos de US$300 millones al año.
“Se tiene que dar un cambio radical de timón en el proceso de APP. Más allá de los proyectos nuevos que van a salir, porque es importante que los actuales se muevan, se deben retomar todos los proyectos detenidos hoy día”, añade Carrillo.
Asevera que se debe mejorar la carga de procesos para concretar una adjudicación de obras menos engorrosa.
40% más de procesos se identifican en la adjudicación de proyectos de inversión en el Perú en comparación con otros países de la región, según el Consejo Privado de Competitividad.
Tanto Parodi como Carrillo consideran que es urgente priorizar obras como Majes Siguas II –hoy entrampada– y Chavimochic III –en manos del Ministerio de Agricultura–. Además, acelerar obras en el aeropuerto Jorge Chávez e impulsar otras pendientes hace varios años en Pro Inversión, como el ferrocarril Huancayo-Huancavelica (US$227 mlls.) y Obras de Cabecera (US$720 mlls.).
“Se requiere un giro de timón que haga que algún proyecto privado grande salga para que los demás se muevan”.
Carlos Parodi, economista de la UP
INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN FAVOR DEL EMPLEO
Para Alfredo Thorne, exministro de Economía, una manera de revertir la pérdida de empleo adecuado es dar un incentivo tributario a aquellas empresas que recontraten a sus trabajadores.
“Hoy que las leyes laborales son tan restrictivas, a las empresas les sale más fácil reducir su empleo. Hay que ponerse una meta. Todas las empresas que aumenten su planilla en un determinado porcentaje en dos años tendrían este beneficio”, precisa.
Añade que la tasa de Impuesto a la Renta (IR) por pagar ascendería a 15% –como la actual del sector agrícola– en lugar de 29,5%.
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