Jorge Barata se encuentra en la ciudad de Bahía a la espera que la justicia brasileña emita su sentencia por el Caso Lava Jato. (Foto: El Comercio/ Archivo)
Jorge Barata se encuentra en la ciudad de Bahía a la espera que la justicia brasileña emita su sentencia por el Caso Lava Jato. (Foto: El Comercio/ Archivo)

La delación premiada es un instrumento legal que permite que, a través de un contrato, un investigado, inculpado o sentenciado llegue a un acuerdo con el Estado por el cual, si el imputado entrega información valiosa para la sociedad, su pena se reduce e incluso se puede eliminar.

y casi 70 funcionarios de , entre los que se encuentra , cabeza de la empresa en el Perú, se han acogido a esta figura y dirán lo que saben para luego presentar las pruebas, que serán evaluadas buscando llegar al fondo de .

Ya Marcelo Odebrecht ha declarado sobre el dinero entregado en el Perú: “Barata sabe”; “eso puede decir Barata”; “Barata conoce”… Es lógico que sea Barata quien haya manejado las entregas de dinero: las lícitas, las ilícitas, las de la caja regular, las de la caja 2. Barata era quien hacía y deshacía en el Perú. Era el que iba a Palacio de Gobierno, a embajadas y clubes. Probablemente muchos de sus amigos hoy lo niegan, así como los socios y proveedores de Odebrecht.

Era una empresa muy grande con mucho dinero. La mano de Odebrecht llegaba a muchos y la corrupción era su forma de hacer negocios. En estos casos de corrupción es casi imposible medir el impacto del costo de la misma sobre la economía. Nunca sabremos a cuánto ascendió dicho costo y es mediante la delación premiada o confesión sincera que los países buscan “enterarse” de cómo se organizó la corrupción.

Esta delación puede resultar injusta, pues permite que el jefe de una organización delictiva pueda reducir su pena e incluso salir libre mientras que otros, menos involucrados, quedan presos.

La futura declaración de Barata ante la fiscalía nos da la oportunidad de saber, no solo a qué autoridades se sobornó, sino también qué otros actores fueron pagados para influir en todos los campos.

Para ello, la fiscalía debe explicarnos qué es lo que puede preguntarle a Barata y qué no es permitido en este proceso. Por ejemplo, ¿podrá preguntar a qué candidatos presidenciales, congresales, regionales se les dio dinero para la campaña? ¿Sabremos si hubo líderes de opinión contratados por Odebrecht para hacerle publicidad a los proyectos sobre los que tenían interés económico? ¿Habrá quizá periodistas contratados por esta empresa para manifestarse positivamente sobre ellos o sobre sus proyectos? ¿Qué otras formas impropias de influir en la opinión de las autoridades o del público en general habrá usado Odebrecht? ¿A quién más habrá convencido con dinero de la caja 2?

Dicho esto es importante señalar que no todo lo que Odebrecht hizo es ilegal. Hay muchas contrataciones reales y legales que deben ser reconocidas como tales. Por ello es que la fiscalía tiene un rol fundamental separando la paja del trigo.

La fiscalía debe también manejar la información de la declaración de Barata para que nos enteremos oficialmente de las mismas y no que se filtre a través de terceros, provocando especulaciones que dañan al país. La fiscalía puede estar a la altura, veamos.

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