Fiscalización en el Perú: ¿Cómo lograr que mejore?

“Hecha la ley, hecha la trampa” es una frase común entre quienes buscan esquivar la ley. En el Perú, aún queda un largo camino por recorrer para reforzar la aplicación y cumplimiento de la norma. No en vano dos tercios de la economía peruana es informal. 

La calidad de la fiscalización y sanción de la regulación en el Perú obtiene un puntaje de 0,5 sobre un total de 1 en el Index Rule of Law del 2015. “Según este reporte, las regulaciones en el Perú no son efectivamente aplicadas o, son efectivamente aplicadas a medias”, señala la asociación Contribuyentes por Respeto (CpR), en su informe “¿(Detección del) Crimen o castigo? Hacia un nuevo enfoque de la fiscalización y sanción en el Perú”, y que comparte en exclusiva con El Comercio.

Dado este escenario, la gran interrogante es cómo lograr que haya mayor cumplimiento de las leyes en el país. 

¿MÁS SANCIONES?

Este informe señala que las principales dificultades identificadas por la Contraloría General de la República son la sobrerregulación (que dificulta la comprensión de las normas); la insuficiencia del sistema de información, monitoreo y evaluación; y la incoherencia de las políticas. “No tendría sentido que las autoridades continúen emitiendo normas si es que previamente no han evaluado si las actuales sirven para cumplir los objetivos trazados”, indica la asociación. 

Mario Zúñiga, director de investigaciones de CpR, dice por ejemplo que elevar las sanciones penales no es suficiente para reducir la delincuencia, pues las comisarías no tienen Internet, el Poder Judicial es lento. “Si no cambias el marco institucional que hace funcionar las leyes, no sirve de nada”, afirma. 

Oscar Súmar, abogado especialista en temas de regulación y profesor de la Universidad del Pacífico, agrega que un factor importante es la percepción que se tenga sobre la capacidad del Estado para detectar el incumplimiento. “Si el Estado publicitara más las acciones que toma contra infracciones, también ayudaría, pese a que podría no haber mejorado en la práctica”, detalla. 

RECURSOS FINITOS

CpR destaca que imponer sanciones ante las infracciones no siempre es la mejor manera de evitar que estas se cometan. “Hay que recordar que la sanción tiene como objetivo el desincentivo. Si solo se enfocan en la sanción, esto limita el descubrimiento de infracciones. El Estado tiene recursos escasos. La regulación tiene que estar abierta a ciertos mecanismos para poder detectar más infracciones”, opina Zúñiga. 

Refiere como ejemplo el caso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que permite, en ciertos casos, subsanar la infracción sin sanción.

También está el caso del Indecopi que, con sus programas de clemencia, incrementa sus posibilidades de conocer conductas anticompetitivas en el mercado.
En ambos casos, se logra que se deje de cometer la infracción.

¿NORMAS OBJETIVAS?

Pero no todas las normas emitidas logran cumplir el objetivo que buscan, sino que, incluso, generan más problemas.

En ese sentido, no solo es importante un análisis previo de costo-beneficio de los proyectos de ley que exige la normativa actual –lo cual no se cumple a cabalidad–, sino también uno posterior, a fin de identificar su aplicación en la práctica. 

Zúñiga pone como ejemplo la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco. “¿Qué ha pasado con esa ley?, ¿ha tenido el efecto deseado? El Ministerio de Salud no tiene la información”, critica el especialista. 
Súmar no está de acuerdo. Para él, ni un análisis previo ni uno posterior logrará que se emitan normas libres de intereses. La presión ejercida por los grupos de interés así como el populismo político son factores que influyen en esto. De hecho, la propia ley antitabaco favorece a los jugadores de la industria tabacalera, pues genera barreras de entradas para nuevos competidores, explica Súmar. 

Para él, se requiere una sociedad mucho más informada que detecte normas improductivas y que favorecen solo a algunos sectores, en perjuicio de la población.