El pasado martes, Fitch Ratings advirtió que la calificación del Perú podría verse deteriorada, tras cambiar su panorama para la economía peruana de estable a negativo. Al respecto, El Comercio conversó con Kelli Bissett-Tom, directora de Calificaciones Soberanas de las Américas de la agencia, para conocer, entre otros puntos, el diagnóstico que realizaron sobre la situación de nuestro país.
—¿Qué problemas han identificado en el sistema político peruano que los ha llevado a prever una perspectiva negativa sobre la calificación?
Las recurrentes tensiones políticas entre el Ejecutivo y el Congreso han debilitado las instituciones del país y han producido inestabilidad política, como la rotación de presidentes, gabinetes ministeriales, ministros y ministras, congresistas y protestas políticas, entre el 2017 y el 2020. Cuando confirmamos la calificación del Perú el mismo día que dimitió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pensábamos que las tensiones políticas se calmarían y permitirían cumplir la ‘lameduck administration’. Sin embargo, las nuevas crisis políticas de setiembre y noviembre último mostraron que se han deteriorado las instituciones políticas.
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—¿Cuál es su preocupación sobre el Congreso Peruano?
En adición a lo anterior, durante el 2020, se han implementado iniciativas del Congreso que, aunque varias se orientan a apoyar el consumo del hogar, aumentan las presiones presupuestarias. Hablamos por ejemplo de la reasignación de dos puntos porcentuales del IGV a los gobiernos regionales, la eliminación de las consideraciones presupuestarias en la negociación colectiva y la creación de nuevos distritos, que aumenta el gasto público en forma permanente. A estas medidas se suman, la devolución de los aportes de la ONP, que aumentan la deuda pública rápidamente o la alteración en el mercado de bonos soberanos, con el retiro de fondos de las AFP.
—¿Cuáles son los principales riesgos asociados a estos factores?
Si el debilitamiento de la cohesión política y las instituciones persiste después de abril se podría socavar la capacidad del próximo gobierno para alcanzar reformas fiscales, como la consolidación fiscal, reformas económicas, como la flexibilización laboral, la formalización, el aumento de la competitividad y cambios en el sistema previsional, así como reformas políticas. Los riesgos para la gobernabilidad y las reformas podrían persistir si el partido y los aliados del presidente elegido el 11 de abril de 2021 no aseguran los 44 escaños suficientes en el Congreso para adelantarse a la censura ministerial y presidencial. Las iniciativas del Congreso reducen la predictibilidad presupuestaria y aumentan los desafíos para que la próxima administración pueda reducir gradualmente el déficit y estabilizar la deuda pública.
—¿Qué medidas concretas requiere el Perú para mejorar en estos aspectos?
El Perú necesita de la estabilidad en las relaciones del Congreso y el Ejecutivo para generar mayor confianza en la ejecución de los programas de reactivación económica y fomentar la inversión privada y la inversión extranjera directa. La crisis sanitaria y la caída del ingreso de muchos hogares, en este año, acelerará las demandas sobre la red de protecciones sociales, el espacio fiscal, la alta informalidad laboral, entre otras. Cualquier política pública en respuesta a los desafíos económicos, sociales, y fiscales del país requerirá de la colaboración entre las diversas ramas del gobierno. Igualmente, una estrategia creíble de reducción presupuestaria que estabilice la deuda publica propulsaría estabilizar la calificación crediticia del país. También, un sostenido impulso externo por el precio de cobre generaría un mayor crecimiento económico y disminuiría el déficit, facilitando la consolidación de finanzas públicas a un mayor ritmo del que anticipamos en nuestro escenario base.
—Con las próximas elecciones, ¿la situación del sistema político peruano podría empeorar?
Si la fragmentación del Congreso y la falta de una bancada para el presidente prolongan las tensiones políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso puede impedir una creíble consolidación fiscal y otras reformas claves durante la próxima administración, generando presión a la calificación. Del mismo modo, si el próximo presidente disminuyera la confianza y la credibilidad sobre la institucionalidad macroeconómica, esto puede generar presión negativa a la calificación. Nosotros creemos que las instituciones macro, el capítulo económico de la Constitución y el consenso público que existe por la estabilidad macroeconómica son fuertes.
—¿Cómo leer o entender el cambio de panorama de la calificación del Perú?
Perú demostró una fuerte presencia en los mercados capitales por emitir su primer bono centenario el 23 de noviembre, pocos días después de la crisis política. Es posible que la perspectiva negativa sobre la calificación puedan subir las tasas de interés. Pero, existe mucha liquidez en el mercado internacional y Perú todavía presenta indicadores muy favorables, como una baja inflación, historial de prudencia fiscal, una deuda pública moderada, un mayor crecimiento frente a algunos de sus pares en América Latina, aunque ahora está en línea con el promedio de crecimiento de las economías con clasificación BBB, además de una fuerte posición en reservas internacionales.
—¿Desde hace cuánto tiempo el Perú mantenía la calificación actual?
Fitch ha mantenido la calificación en moneda extranjera a largo plazo del Perú en BBB+ desde el 23 octubre del 2013. Durante siete años, la perspectiva de la calificación ha sido estable. El 3 de junio del 2020 se dejó de elevar la calificación de la deuda a largo plazo en soles, por el deterioro moderado de la deuda y activos públicos en este año, que antes eran una distinción, y el 15 de diciembre del 2020 se cambió la perspectiva a negativa.
—¿Cuál es su percepción sobre el deterioro de las finanzas públicas del Perú?
Diría que la analogía hipotética sobre el deterioro de la solidez fiscal del Perú es como si Lionel Messi se hubiera ausentado durante los cinco minutos críticos del juego. La solidez fiscal es el Lionel Messi del Perú. Las finanzas públicas y la prudencia fiscal en combinación con la estabilidad macroeconómica y las fuertes finanzas externas han sido el “pilar campeón” de la calificación del Perú. Cuando eso o los otros esfuerzos citados se deterioran, aunque sea un poco, pueden mover la calificación. El Perú está rezagado frente a otros países con calificación BBB en fundamentos estructurales, que pesan más del 50% en nuestro modelo de gobernanza, en el PBI per cápita en dólares y en el tamaño del mercado financiero doméstico. También, la tendencia del crecimiento económico del Perú se desaceleró y antes de la crisis sanitaria convergió al promedio de los países con calificación BBB. Antes, las finanzas públicas del Perú eran una fortaleza. La crisis sanitaria agota el cochón de ahorros públicos, haciendo que la deuda pública neta/PBI, en combinación con las necesidades de financiamiento, probablemente se dupliquen entre el 2019 y el 2022.
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