La calificadora Fitch Ratings señaló que el malestar social en Perú por las protestas y manifestaciones que aún se mantienen en curso podría debilitar los perfiles crediticios de algunas empresas calificadas que operan en el país.
“Las empresas con alta exposición operativa a áreas de malestar social o negocios que dependen del consumo interno o la producción de bienes y servicios tienen más probabilidades de experimentar interrupciones comerciales”, indicó.
Anotó que las acciones negativas de calificación son posibles bajo un escenario de inestabilidad social prolongada que afecta las operaciones de una empresa, luego de la consideración de seguros y otras medidas compensatorias.
Fitch Ratings señaló que aquellas empresas que tienen el mayor riesgo de interrupción operativa por disturbios sociales, son las empresas que operan en los sectores de recursos naturales y minería.
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“Muchas de las minas de Perú están ubicadas en las regiones de Cusco y Puno, donde los manifestantes han concentrado sus actividades. Ubicadas al sureste de Lima, cerca de Bolivia, estas regiones rurales tienen un terreno montañoso que limita el número de corredores de transporte. Los bloqueos prolongados podrían conducir a una disminución en los suministros de metal y, en última instancia, en los ingresos y el EBITDA”, apunta.
Puso como ejemplo a la compañía Minsur (BBB-/Positiva) que suspendió operaciones en su mina de estaño San Rafael en Puno debido a las fuertes protestas.
Asimismo, hizo énfasis en la interrupción en la mina Las Bambas de Minmetals, la mina Antapaccay de Glencore y la mina Constancia de Hudbay Mineral (BB-/Stable). Por el contrario -remarcó- algunas empresas han evitado las interrupciones generadas por las violentas protestas, incluida Southern Copper (BBB+/Stable).
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“Las empresas del sector energético y eléctrico también enfrentan un riesgo elevado de interrupción del negocio; sin embargo, la mayoría de los emisores corporativos y de proyectos de energía eléctrica del Perú están bien posicionados para resistir la inestabilidad política y social debido a flujos de efectivo estables y basados en contratos, cobertura de seguro adecuada y protección de las fuerzas de seguridad del gobierno”, remarca.
“Sin embargo, la interrupción del campo de gas natural Camisea en Cusco podría presionar los perfiles crediticios de los emisores que dependen de su suministro. El gas natural de Camisea alimenta casi el 40% de la generación eléctrica del país. Si los activos se vieran comprometidos, los emisores calificados tendrían que comprar energía en el mercado al contado para cumplir con las obligaciones del contrato, lo que reduciría sustancialmente las posiciones de liquidez de los emisores”, añade.
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