Fomento de la inversión privada: ¿qué proponen los partidos políticos?

Después de cerrar el 2020 con una caída de 16,5%, en su último reporte de inflación, el Banco Central de Reserva (BCR) ajustó su proyección de crecimiento para la inversión privada del 17,5% que había estimado en diciembre último a 15,5%.

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Pero, debido a que una mayor ejecución de proyectos de inversión –como reconoce el propio ente emisor– influye en la recuperación del PBI, casi al unísono, los partidos políticos que se disputan el sillón presidencial, plantean medidas encaminadas a recuperar el crecimiento de años atrás, aunque no todos brindan detalles de cómo cumplirán con sus objetivos.

Para empezar, en su propuesta de plan de gobierno, Acción Popular (AP) de Yonhy Lescano –el partido que hoy por hoy lidera las encuestas– solo menciona que promoverán una economía competitiva y diversificada mediante el impulso de la inversión pública y privada.

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En cambio, Victoria Nacional (VN) de George Forsyth, Renovación Popular (RP) de Rafael López Aliaga y Perú Podemos (PP) de Daniel Urresti, han coincidido en apuntar hacia la eliminación de las barreras burocráticas para lograr una verdadera promoción de la inversión privada.

Mientras que Juntos por el Perú (JP) de Verónica Mendoza asegura que más allá de priorizar las obras en fase de ejecución contractual, en fase de estructuración y en fase de ejecución, en un futuro gobierno suyo todas las concesiones serán por iniciativa pública y ya no privada.

Adicionalmente, VN propone un sistema de priorización de proyectos hasta el 2051, y Avanza País (AV) de Hernando de Soto propone establecer estándares de preparación de proyectos maduros en sus aspectos clave antes de licitarlos como obras públicas o concursarlos como asociaciones público-privadas (APP).

Y Fuerza Popular (FP) de Keiko Fujimori asegura que recurrirá a los esquemas de APP y Obras por Impuestos (OxI) para desarrollar infraestructura agua potable, saneamiento, y aprovechamiento de residuos sólidos.

MÁS ALLÁ DE LAS TRABAS

Tomando en cuenta, como señala Claudia Sícoli, directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC, que “la brecha de infraestructura a nivel país afecta al crecimiento, al incremento de la productividad y a la generación de empleo formal”, el economista Jorge Guillén considera que el próximo gobierno debería centrarse en destrabar los grandes proyectos de inversión, que son los de mayor impacto en el PBI.

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“El problema es que los destapes de corrupción de Odebrecht no permite la continuidad de proyectos como la Línea 2. Y, se debería de centralizar en resolver y convocar nuevos proveedores que continúen con las obras”, añade.

Por su parte, el economista y docente de la UP, Marcel Ramírez, sostiene que debido a que la brecha de infraestructura sigue creciendo, “es prioritario pisar el acelerador y redefinir un plan de infraestructura que se cumpla rigurosamente, pero con consecuencias sobre el no cumplimiento”.

¿PRIVADOS NO?

Sobre la posibilidad de que todas las concesiones sean solo por iniciativa pública y ya no a solicitud de un privado, como lo propone JP, el también profesor asociado de ESAN, Jorge Guillén, asegura que debido a que “el Estado no es un buen administrador, es poco viable que se pueda materializar esta propuesta”.

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Por esa razón, Claudia Sícoli de la UPC considera que la empresa privada debe participar en las licitaciones y competir con otros agentes para que pueda lograrse la implementación de la mejor propuesta posible.

“La apertura de la competencia es lo que genera mejores precios/ofertas del mercado y muchas empresas cuentan con avances tecnológicos y técnicos que pueden aportar a la ejecución de un proyecto. La transparencia en los procesos, con información pública permanente, es lo que mejorará el proceso de concesiones, no la eliminación del sector privado”, afirma.

PROYECTOS PRIORIZADOS

Con relación al sistema de priorización de proyectos hasta el 2051, propuesto por VN, Marcel Ramírez recomienda que la prioridad la tengan las regiones o municipios con las mayores brechas, sobre todo las que están asociadas a los temas de agua, saneamiento, infraestructura de telecomunicación, vivienda, educación y salud.

“La preparación para contener el impacto de los desastres naturales también es prioritario, pero todo esto debe estar recogido en el Plan Nacional de Infraestructura porque si no se vuelve todo muy desordenado y desarticulado”, añade.

Al respecto, Jorge Guillén sostiene que “los grandes proyectos son ideales [para ser priorizados] porque tienen un efecto multiplicador significativamente grande en la economía, generando empleo y encadenando otros sectores de la oferta productiva nacional”.

¿TÍA MARÍA VA O NO VA?

Y aun cuando no existe claridad por parte de los partidos que participarán de las próximas elecciones cuando se les habla de proyectos como Tía María, por ejemplo, Claudia Sícoli no duda en afirmar que la priorización de proyectos mineros es de vital importancia para apoyar en la reactivación de la economía, mediante la generación de empleo formal en las zonas de influencia, encadenamientos productivos, recaudación fiscal y canon.

En ese sentido, considera que “la mejor política para la implementación de estos proyectos es un trabajo conjunto entre el gobierno, la empresa minera y los representantes de las comunidades, para poder generar un diálogo permanente y así lograr una licencia social para lograr la operación a mediano y largo plazo”.

De la misma opinión es Marcel Ramírez. Para el economista, resulta primordial hacer viable en todo sentido (ambiental, social y económico) la ejecución de proyectos en el sector minero porque genera efectos multiplicadores con enorme potencial. Pero, también considera –como lo han planteado algunos candidatos– que debería sumarse una redefinición del mecanismo del canon.

“No puede postergarse más tiempo una clara definición de la importancia de proyectos mineros cumpliendo con los estándares y que aseguren bienestar a todos los involucrados. El problema de fondo es la politización del tema y, por eso, se requiere urgente un consenso en esta materia, se debe romper la falacia de minería o agua”, indica.

Para evitar que en cada proceso electoral se ponga sobre el tapete la viabilidad de algunos proyectos mineros, Jorge Guillén asegura que “deberíamos empoderar más a Ceplan para que las propuestas se puedan continuar independientemente del gobierno de turno”.

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