La propuesta del Gobierno considera los créditos de consumo, como los préstamos personales o las tarjetas de crédito. (Foto: iStock)
La propuesta del Gobierno considera los créditos de consumo, como los préstamos personales o las tarjetas de crédito. (Foto: iStock)
Israel Lozano Girón
Israel Lozano Girón

El Gobierno llevará ante el Congreso su proyecto de ley para brindar a aquellas personas que no han podido cumplir el debido durante el estado de emergencia.

“Un 75% de los que reprogramaron sus deudas ya comenzó a pagarlas”, advirtió ayer la ministra de Economía, María Antonieta Alva. “Sin embargo, sabemos que hay otro grupo de peruanos que todavía requiere flexibilizar los pagos y las tasas de interés”, explicó.

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Concretamente, la propuesta del Ejecutivo –que se coordinó con la SBS y el BCR– define una garantía estatal parcial ante las entidades financieras y en favor de los clientes que eran buenos pagadores hasta antes de la pandemia. Como condición, la entidad debe aplicar una reprogramación del plazo de la deuda en al menos seis meses y reducir en un 20% el costo del crédito.

Los que aplican

Tres son los tipos de crédito en que se concentra la propuesta. Para los de consumo –como los préstamos personales o las tarjetas de crédito–, la garantía aplica a quienes tengan deudas por menos de S/5.000. Se estima que son dos millones de clientes en este rango.

En el caso de los hipotecarios, será para deudas por menos de S/20.000 y para la primera vivienda. Aproximadamente, son 54 mil deudores en esta situación.

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En cuanto a las mypes, se ofrecerá garantía para las deudas que estas tengan por menos de S/20.000. Según la ministra Alva, son cerca de 1,3 millones.

“Si es un préstamo de consumo, es a 12 meses y la persona tiene problema con pagar la cuarta cuota, la garantía será de 40% para el crédito. Si de los 12 meses, paga las ocho primeras y no puede pagar la novena, la garantía es de 80%. Para el caso de los créditos hipotecarios, será de 50% y 100%”, acotó.

Para cubrir las garantías, el Estado destinaría S/5.000 millones. El director general de la Dirección de Mercados Financieros y Previsional Privado del MEF, Óscar Graham Yamahuchi, explicó que el beneficio aplicaría para la deuda total de una persona en el sistema.

“Puede ser un cliente que tiene S/2.000 de deuda en una tarjeta de crédito de una entidad y otros S/3.000 de un crédito personal en otra entidad. En conjunto, suman S/5.000”, dijo en diálogo con este Diario.

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En opinión del economista Luis Arias Minaya, la medida sería un buen incentivo para el sistema. “Se otorgan beneficios a las entidades financieras para reducir las tasas de interés; promoviendo competencia entre los bancos y en favor de las personas que, teniendo buen récord crediticio, tienen problemas para el pago”, indicó.

En su opinión, esta salida resulta más apropiada frente a la propuesta del Congreso. “El congelamiento es una intervención en el mercado, es como un control de precios”, comentó.

Dictamen del Congreso

En su sesión de hoy, el Legislativo debatirá el dictamen de la Comisión de Economía que propone prohibir los cargos adicionales que puedan producirse por el incumplimiento en el pago de una deuda durante el estado de emergencia.

Tanto la SBS como Asbanc han advertido que una propuesta de tal magnitud pone en riesgo a entidades financieras que, al ver bloqueado el manejo habitual del crédito, no podrán cumplir el pago de intereses a sus ahorristas.

El economista de la Universidad del Pacífico Enrique Castellanos añadió que la norma no se encuentra debidamente focalizada.

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“Se ha centrado en los bancos y excluido a las microfinancieras. A su vez, se aplica a las personas cuyos ingresos mensuales no excedan los S/10.750 (2,5 UIT). Al tratar de cortar el pastel de alguna forma, [con dichas condiciones] se ha dejado afuera a algunos que lo necesitan y se está incluyendo a otros que no”, aseveró.

Asimismo, Castellanos advirtió que propuestas de este tipo elevan el riesgo moral. “Se puede dar el caso de quienes sí pueden pagar y no lo hacen para acogerse a beneficios”, mencionó.

Para el profesor de Finanzas de ESAN Arturo García, resulta importante que nazca una propuesta en consenso.

“No creo que deba plantearse como lo propone el Congreso. Debe ser una reducción de tasas vía reprogramaciones. Esto también por la salud del sistema financiero. De qué sirve cobrar una reprogramación a una tasa de 40% si no la va a poder pagar”, afirmó.

En este esfuerzo, sostuvo, además del soporte que plantea el Estado debe sumarse el del sistema financiero.

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