Gobierno a Gobierno:¿Es posible aplicar el mecanismo fast-track a otras modalidades de obra pública?

Las obras públicas en el Perú generalmente encuentran una serie de trabas que hacen lenta su ejecución. Es por ello, que en algunos casos se opta por los contratos bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G, por sus siglas en inglés) para realizar proyectos de infraestructura.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, tiene en cartera la ejecución de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, la Carretera Central y la Av. Santa Rosa a través de Gobierno a Gobierno. El ministro Carlos Estremadoyro comentó que este modalidad “garantiza que las empresas lo ejecuten en un mecanismo fast-track, es decir, van diseñando y se va ejecutando”.

Alberto Ñecco, ex director ejecutivo de ProInversión, explicó que el G2G permite hacer ese fast-track (o vía rápida), para evitar pasar por la Ley de Contratación del Estado, y los procesos usuales que hace el gobierno. En su lugar puedes emplear la normativa o regulación que pactes con el gobierno que estás contratando.

Lo que permite es hacer ajustes necesarios en la obra, que se identifican cuando se está ejecutando, y que se realizan de manera paralela, de modo que no se ralentiza la ejecución. Esto sucedió en el caso de los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se contrató con normas británicas, y se aplicó el contrato NEC (New Engineering Contract).

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Entonces, ¿el fast track podría aplicarse a otros procesos como las Asociaciones Público Privadas (APP) o las Obras por Impuestos? En ese sentido, Ñecco resaltó lo señalado por el ministro Estremadoyro con respecto a la nueva propuesta de Ley de Contratación del Estado. Para que este mecanismo pueda ser extensible se necesita que esta ley se modifique.

“Me parece importante que se estén enfocando en una modificación de la Ley de Contratación del Estado. Lo que nos está enseñando los G2G es que la única vía que ha encontrado el Gobierno en un Estado de Emergencia, para agilizar o hacer eficientes los procesos de contratación y obra pública, es evitando aplicar el marco jurídico actual, que en sí es ineficiente”, comentó Ñecco.

En el caso de Obras por Impuestos, sí podría beneficiarse de este tipo de modificaciones, explicó el especialista. El privado puede mejorar incorporando alguno de estos principios de contratos NEC, y eso lo puede promover el MEF a través de la rectoría que tiene.

En el caso de las APP es un poco más complejo, señaló Ñecco, porque se requeriría una modificación del proceso de formulación, que es la parte inicial, antes de la elección de los contratistas. “Una vez que se han aprobado los estudios definitivos de ingeniería y se ha hecho el cierre financiero, ya la ejecución corre a cargo del privado. A través de la actualización del marco legal se podría mejorar la parte contratación y formulación para aligerar procesos”.

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Al respecto, Gonzalo Prialé, presidente del Instituto Infraestructura Institucionalidad y Gestión – IIG, expresó que aunque podría extenderse a APP, “el modelo actual de acuerdos de G2G con mecanismos fast track, está limitado a ejecutar la construcción mediante obra pública, lo que refleja el ánimo del Ejecutivo”.

“El Estado, al ejecutar el proyecto como obra pública, asume íntegramente el riesgo de la construcción, que en megaproyectos como las líneas 3 y 4 del Metro y la nueva Carretera Central, puede ser bastante grande. Nadie puede asegurar que no habrá mayores costos al ejecutar la obra, bajo cualquier mecanismo, sea G2G o APP. Pero en una APP madura, el riesgo de construcción se traslada o se comparte con el concesionario”, agregó.

Por otra parte, Prialé sostuvo que para los proyectos que se harán de Gobierno a Gobierno como obra pública, es imprescindible, para no terminar perdiendo lo invertido, que desde el inicio se concurse como APP, la operación y mantenimiento a largo plazo.

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DESPUÉS DEL G2G, ¿QUÉ?

La embajadora británica en Perú, Kate Harrison, comentó hace unos días que el principal legado que ellos quieren dejar con los contratos G2G es justamente la propuesta de modificación del marco legal peruano, para que el gobierno no se vea empujado a recurrir a convenios de este tipo.

“Al final, ¿por qué un gobierno peruano recurre a un G2G? Por dos motivos. Uno es político, cuando el proyecto es muy controversial. El segundo es más importante y es porque la normativa peruana es demasiado engorrosa, burocrática, y muy orientada al proceso y no al resultado”, refirió Ñecco.

Esto no permite al funcionario público, ni al Estado avanzar rápido, añadió. “Es el estado luchando contra sí mismo, entonces, el único mecanismo a corto plazo es el G2G”. Por ello es importante la modificación del marco legal para que el Estado pueda cumplir con sus objetivos.

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