Conforme a los criterios de
El escenario de crisis por la pandemia originó que el Gobierno asigne recursos hacia diversos sectores u organismos públicos, que se concretaron a través de distintas normas aprobadas por el Gobierno. Desde el inicio de la gestión del presidente Pedro Castillo hasta mediados de enero, se han firmaron 154 Decretos Supremos (DS) autorizando transferencias por más de S/13.600 millones. De este monto, casi el 90% (S/12.181 millones) fue asignado con cargo a la Reserva de Contingencia, partida presupuestal que administra gastos no previstos en los presupuestos regulares de las entidades públicas y cuya administración es exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según las normas analizadas por la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario, entre los sectores que han recibido más recursos durante los seis primeros meses de Gobierno figuran el Ministerio de Salud (Minsa), seguido de los gobiernos regionales y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Los dos ministerios recibieron en conjunto el 43% de todas las transferencias autorizadas vía DS (S/5.834 millones) para atender gastos derivados del manejo de la pandemia.
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Entre las mayores transferencias registradas vía DS figuran la entrega de bonos o subsidios individuales. Entre estos, el bono Yanapay (en dos armadas, la primera de S/1.482 millones y la segunda, de S/515 millones). Además, resalta también la transferencia para el fortalecimiento del Fondo Agroperú (S/400 millones), fuente de financiamiento para pequeños productores. Las mayores transferencias vía DS para el Minsa se destinaron a la compra de vacunas [ver cuadro].
Una tendencia similar se observa al analizar las transferencias por medio de Decretos de Urgencia (DU), normas que dictan medidas extraordinarias en materia económica y financiera. En total se emitieron 12 DU de este rubro y el 97,5% de los recursos (S/4.439 millones) se transfirieron con cargo a la Reserva de Contingencia. Los sectores que más recursos recibieron fueron el Midis y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), los cuales recibieron S/8 de cada S/10 autorizados, destinados principalmente para la entrega de bonos a poblaciones vulnerables como el bono Yanapay.
Así como el bono Yanapay tuvo una asignación de recursos mediante DS, también recibió más de S/3.000 millones a través de un DU. Entre los DU y DS, el Estado ha asignado un total de S/5.068 millones a este beneficio.
Los problemas ante la urgencia
Durante una conferencia de prensa realizada la semana pasada, Pedro Francke, titular del MEF, defendió que el Gobierno emita DU que inyectan recursos al presupuesto. “El MEF está absolutamente comprometido para poner los recursos”, afirmó.
Este tipo de decretos habían sido criticados por el Consejo Fiscal, que durante el año pasado advirtió que el Gobierno afectaba a la “institucionalidad fiscal y a la transparencia del manejo fiscal” al decidir implementar medidas que no cumplen con los requisitos de asignar recursos mediante los DU.
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Según da cuenta una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), para emitir un DU se deben considerar cinco criterios: la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad. El primero de ellos consigna que los DU deben estar orientados “a revertir situaciones extraordinarias e imprevisibles, condiciones que deben ser evaluadas en atención al caso concreto y cuya existencia, desde luego, no depende de la “voluntad” de la norma misma, sino de datos fácticos previos a su promulgación y objetivamente identificables”.
Según los especialistas consultados por este Diario, los DU emitidos por el Gobierno en materia presupuestal estarían incumpliendo con el mencionado criterio, pues no necesariamente responden a una necesidad imprevista.
“Hay un par de DU que desde el Consejo Fiscal hemos cuestionado porque son incrementos al presupuesto para hacer una serie de gastos. El Congreso aprobó un presupuesto y los DU están yendo en contra de esta decisión. Lo que hemos visto es que han aumentado el presupuesto con la excusa de la emergencia sanitaria, pero no existen los elementos para justificar que esta es una situación imprevisible”, afirmó Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Fiscal.
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Cuatro de los cinco DU que asignaron más presupuesto emitidos por la actual gestión estuvieron destinados al “financiamiento, control y diagnóstico del Covid-19″, según la revisión de los decretos realizada por este Diario. En julio del 2021 ya habían transcurrido 15 meses desde el inicio del estado de emergencia sanitaria en el Perú, situación que contrastaría con el criterio de excepcionalidad.
“No hay una excepcionalidad si uno ve que los DU se explican por el contexto de la pandemia. El Perú ingresó a una etapa baja en el rebote de contagios, por lo que publicar tantos decretos con el pretexto del Covid no guarda relación con la recuperación económica. Claramente, el Gobierno se ha excedido con estas medidas que van en contra de los criterios establecidos por el TC”, explicó Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas.
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En ese sentido, para Carlos Casas, exvieministro de Economía y profesor principal de la Universidad del Pacífico, el Gobierno debería de desistir de esta práctica en tanto la urgencia por la asignación de recursos para combatir la pandemia ya terminó. “No había tanta urgencia y hubo un exceso de precaución para combatir la pandemia. En algunos casos el Gobierno decía que había que asignar los recursos ‘por si acaso’ en caso se fueran a necesitar más adelante. Como está la situación, debería de eliminarse esta práctica”, afirmó.
Bono Yanapay
Según Castilla, el incumplimiento con el criterio de excepcionalidad también se dio en la asignación de recursos para el bono Yanapay, pues no se consideraba como de urgencia, debido a que no se utilizaron todos los recursos al haber sido asignados. Tampoco calificaría como respuesta a un evento imprevisto. “El bono Yanapay no califica. Programas sociales similares como Juntos o Pensión 65 fueron dotados de recursos, pero pasaron por el Congreso, necesitaron una ley. Si ocurre una crisis, se pueden emitir bonos, como se hizo en el gobierno de Martín Vizcarra cuando el Covid sí representaba una situación imprevista. Aquí no se cumple porque ya llevamos más de un año y medio en emergencia”, afirmó Castilla.
“El bono Yanapay se pudo hacer a través de otro mecanismo, porque habían recursos para financiarlo. En 2021 la presión fiscal era menor que antes y la norma pudo ser aprobada mediante el camino regular [el Congreso]”, añadió Casas.
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Según Oliva, que el Gobierno evitara pasar por el Congreso para la aprobación de las modificaciones presupuestales afecta a la institucionalidad fiscal. “La institucionalidad fiscal pasa por arreglos y parte del arreglo es que las modificaciones del presupuesto pasen por el Congreso, salvo excepciones. Con este tipo de aprobaciones se pierde el equilibrio y el Gobierno va en contra de la institucionalidad”, indicó. Asimismo, agregó que el Congreso puede derogar los DU, aunque eso no signifique que se devuelvan los recursos ya utilizados.
Castilla añadió que los responsables de la aprobación de los DU pueden recibir acusaciones constitucionales del Congreso y, aunque no serían denunciados penalmente, “en el peor de los casos podría darse alguna posible inhabilitación para ejercer posiciones públicas”.
Dato
A través de un DU, S/615 millones fueron asignados al MTPE para el financiamiento del Bono 210, repartido de manera extraordinaria por única vez para el personal del sector privado con ingresos menores a S/2 mil mensuales. En el caso del sector Salud, las mayores transferencias estuvieron orientadas a la entrega de bonificaciones al personal sanitario o para asegurar la continuidad de sus contratos.
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