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En febrero el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley que propone mayores exigencias para aprobar pedidos de paralización de obras públicas a través del proceso de amparo. La norma busca que antes de que un juez permita medidas cautelares que detengan la ejecución de un proyecto se debe de considerar el “interés público” del mismo y priorizar la continuidad de su avance. El documento fue firmado por el presidente de la República, Pedro Castillo, y por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
“Para el otorgamiento de la medida cautelar es necesario que además de la verosimilitud del derecho, peligro en la demora y adecuación de la medida, se analice la razonabilidad y proporcionalidad de la medida ponderando la eventual afectuación que causaría al interés público y el perjuicio que causaría al solicitante su no otorgamiento”, señala la propuesta.
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Según especialistas consultados, este requisito es ambiguo, pues todas las obras públicas responden a un interés público y el proyecto no establece parámetros o una escala que defina cuándo una medida cautelar puede ser más importante que este concepto. Es decir, de aprobarse el proyecto podría existir el riesgo de que ninguna solicitud de medida cautelar justificada pueda detener el avance de obras.
“Te están diciendo que si tienes un problema vinculado a un contrato de obra pública no es posible que esta se paralice porque un juez lo ordena, ya que al frente tienes un interés superior. Entonces el proyecto busca impedir que el interés menor detenga las obras”, explicó Juan Carlos Salinas, socio del estudio Muñiz.
Jueces competentes
Asimismo, la propuesta exige que ya no sean los jueces de primera instancia los que tomen decisiones sobre estos pedidos, sino los de salas superiores. En caso haya apelaciones, los jueces de la Corte Suprema serán los encargados de emitir fallos en segunda instancia. En su justificación de motivos la propuesta enumera 13 medidas cautelares que entre 2017 y 2021 paralizaron obras públicas.
Para Alessandra Cocchella, asociada senior del área de solución de conflictos de CMS Grau, esta situación podría incrementar la carga procesal de estas instancias.
“Las salas superiores y la Corte Suprema no están en la capacidad de incorporar más temas, especialmente en la segunda. No creo que sea ideal que las recarguen con más carga procesal. Un caso así podría tardar tranquilamente dos años en resolverse”, remarcó.
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Por otro lado, Ramiro Portocarrero, socio de resolución de conflictos del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, señaló que si unos jueces particulares fallaron injustificadamente y paralizaron obras públicas este no es un problema que obligue a modificar la norma, sino que demuestra que no están convocando a personas idóneas en las cortes.
“Para mí no es un problema que se encontraran casos, sino que el proyecto de ley no busca mejorar las herramientas que tienen que tener los contratos de obras públicas para que el Estado pueda seguir contratando. Si un juez tomó decisiones que no correspondían se puede tomar otro tipo de acción, pero no un cambio de norma”, afirmó.
Fianza
Asimismo, el proyecto de ley busca que quienes interponen los recursos de amparo tengan que presentar una carta fianza cuyo monto será determinado por el juez o jueza que tome el pedido. La cifra considerará “las circunstancias de cada caso concreto”.
“El solicitante [debe presentar] una contracautela consistente en una carta fianza solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática a primer requerimiento a favor de la entidad afectada, con una vigencia no menor de seis meses, debiendo ser renovada por el tiempo que dure el proceso, y otorgada por una entidad con clasificación de riesgo B o superior”, señala la medida.
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Las fuentes consultadas indicaron que este pedido aumenta el riesgo de los proyectos a ojos de los inversionistas. Por ejemplo, si una constructora ve en plena ejecución del proyecto adjudicado que se realizaron mal los expedientes técnicos durante los estudios previos, no podría solicitar la medida cautelar para paralizar las obras sin presentar la fianza.
“Si la barrera para acceder a medidas cautelares incrementa, también el riesgo para el contratista, que puede tener interés en reclamar problemas con expedientes técnicos o fases previas de las obras. Esto eleva el precio de las propuestas que presentarán y del proyecto”, resaltó Salinas.
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