Gremios agricultores niegan que modificación de la ley forestal ponga en peligro a los bosques

Los gremios agricultores de las regiones de Loreto, Ucayali, Junín, Amazonas, San Martín, Pasco, Huánuco, Cusco, Madre de Dios, Cajamarca y Ayacucho mostraron su apoyo a la aprobación de la modificación de la Ley forestal por parte del Congreso y negaron que con esta normativa se ponga en peligro a los bosques.

Mediante un comunicado, indicaron que la propuesta se dirige a terrenos que ya no poseen cobertura forestal, es decir, áreas que han sido degradadas y no tienen posibilidad de regenerarse a su estado original, lo que significa que no se promoverá la tala de bosques primarios ni la expansión de la frontera agrícola.

La norma -indicaron- no se aplica a la ampliación de la frontera agrícola ni al cambio de uso de suelo en áreas forestales. Esto quiere decir que no se permitiría la expansión de la agricultura sobre terrenos forestales, sino más bien la regularización de actividades agrícolas existentes en áreas en tierras ya degradadas.

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“Estamos de acuerdo con este cambio en la ley forestal, pues nos brinda la esperanza de saber que nuestra propiedad no será afectada y la podrán trabajar nuestros hijos. Además, los agricultores de las comunidades campesinas y nativas de mayor vulnerabilidad económica podrán formalizarse y acceder a fuentes de financiamiento menos costosas y a una mejor tecnología del sector”, señalaron.

“Rechazamos y condenamos las expresiones de grupos de interés que se manifiestan en desacuerdo con la norma aprobada, llamándonos mafias, ilegales, traficantes y hasta criminales. Nadie tiene el derecho a mancillar el buen nombre de nuestras familias agricultoras, quienes han luchado junto con el Estado por pacificar el país y reducir la producción de cultivos ilegales”, agregaron.

Finalmente, indicaron que con la norma se busca mejorar la productividad en áreas ya utilizadas sin la necesidad de expandirse hacia áreas forestales: “A mayor productividad se requiere menor número de hectáreas para producir”.

También, que la normativa de la Unión Europea excluye la agricultura que haya deforestado después de diciembre de 2020, imponiendo el cumplimiento de la legislación nacional. “Si no podemos acreditar nuestra propiedad y el ejercicio legal de la agricultura podríamos perder el acceso a estos mercados y esto impactaría en pérdidas anuales de US$ 600 millones”.

“Urge la publicación de la ley y estaremos vigilantes de las acciones de grupos de interés que pretenden vulnerar nuestros derechos. Debemos equilibrar la protección ambiental y las necesidades socioeconómicas de los agricultores en todo el país”, enfatizaron.