Gremios piden prorrogar ley de promoción del sector agrario

Las alarmas están encendidas para las empresas agroexportadoras luego de que fuentes del Gobierno comentaran a Gestión que se retiraría la prórroga a la Ley de Promoción del Sector Agrario del pedido de facultades legislativas al Congreso. 

En principio, se plantea en las facultades ampliar por 21 años adicionales (hasta 2042) los alcances de la norma. De no darse la ampliación, este régimen terminaría en 2021.

Según Gestión, el pedido se estaría retirando por solicitud del Ministerio de Trabajo y con el respaldo del Presidente de la República, Martín Vizcarra, debido a reclamos laborales remitidos desde el Departamento de Trabajo de EE. UU.

El régimen agrario, en la actualidad, otorga beneficios para las compañías del sector en materia laboral y tributaria (su Impuesto a la Renta es de 15%); y mediante las facultades se piensa extender estas medidas a las actividades acuícolas, de manejo forestal y de fauna silvestre.

EL CASO

Alfonso Bustamante Canny, presidente de Comex Perú, y Ricardo Polis, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios de Perú (AGAP), precisaron a El Comercio que los gremios del sector han solicitado reunirse tanto con el Ministerio de Trabajo, como con la Presidencia del Consejo de Ministros y la Presidencia de la República para expresar la necesidad del régimen y su impacto.

En esa línea, explicaron que el alegato de reclamos laborales viene de un sindicato americano en representación de sindicatos peruanos, pero no involucraría al Gobierno de EE.UU.

Aclaran que ni el régimen agrario ni una eventual prórroga del mismo impactarían negativamente el Tratado de Libre Comercio (TLC) del Perú con Estados Unidos, pues este ya existía antes de la firma del mismo y, al darse las negociaciones, pasó los filtros respectivos. 

"Hay desinformación sobre el posible impacto que esto tendría en el TLC. Pero es importante tener en cuenta que la flexibilidad que da el régimen [agrario en el Perú] también lo tiene la ley americana", señaló Bustamante Canny.

Por su parte, Polis, de AGAP, comenta que Edgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior, ya ha aclarado que ningún régimen actual en el país amenaza el tratado.

"No entendemos por qué no querrían prorrogar una ley que, a todas luces, es excelente para el país", dijo Polis.

En tanto, Sergio del Castillo gerente de la Asociación de Productores de Arándanos del Perú (Proarándanos) y de Cítricos (Procitrus), agregó que la denuncia no está justificada toda vez que las empresas que se acogen al régimen efectúan el pago de todos los beneficios laborales.

"Todos [los beneficios salariales] están incorporados en el jornal del trabajador. [...] Se está buscando una derogación de la norma por un tema ideológico", indicó del Castillo.

EL IMPACTO

Según Comex-Perú, el régimen ha permitido que se generen 800 mil empleos en los últimos 10 años y proyectan que la extensión del régimen permitiría generar 175 mil más para la siguiente década.

Asimismo, el gremio detalla que las exportaciones del sector agropecuario pasaron de US$644 millones (2001) a US$5,925 millones (2017).

"Esta Ley ha hecho posible la actividad agroexportadora. No ampliarlo es muy grave porque no solo amenaza las futuras inversiones, sino imposibilita seguir con las actuales; implicaría un retroceso", advirtió Bustamante Canny.

Para Sergio del Castillo, la inversión se retraería sin una prórroga de la norma, pues en el sector las inversiones son de muy largo plazo y las compañías —tanto locales como extranjeras— requieren de seguridad para poder invertir.

""Este es un tema concreto de competitividad. Hay muchas empresas [del sector] que han venido de afuera porque ven reglas de juego claras, predictibilidad en las inversiones y estabilidad jurídica. Hoy en día se ve el modelo peruano como uno de éxito e incluso lo quieren imitar", precisó del Castillo.

En tanto, Polis remarcó que correrían riesgo grandes proyectos de irrigación, como Chavimochic III y Majes Siguas II, pues no se otorgaría seguridad sobre el futuro a los inversionistas y ello perjudicaría la venta de terrenos en los mismos.

"Sería una pena para el empleo y para el país que esto ocurra", puntualizó.