Hacia un mercado laboral más funcional, por Paola del Carpio y Miguel Jaramillo

Las políticas de respuesta frente a la pandemia trajeron un efecto fortísimo sobre nuestra economía y trabajadores. A pesar de la recuperación productiva, el empleo –particularmente el formal– no va al mismo ritmo. Vemos cada vez más personas ocupadas pero principalmente en el sector informal, con empleos más precarios y menores ingresos. Las personas están saliendo a trabajar en lo que pueden para cubrir sus necesidades. Esa no es la recuperación hacia la que apuntamos.

La informalidad y precariedad del empleo no son novedad de la pandemia. Tampoco lo es la tendencia de nuestra clase política por buscar proteger a los trabajadores con mayor rigidez en un mercado que ya era disfuncional y manteniendo desprotegida a una enorme mayoría. Ejemplos recientes de ello son la eliminación de la suspensión perfecta de labores que se habilitó durante el contexto COVID-19 y la intención de judicializar los despidos. Buenas intenciones que pueden terminar mal. Si de verdad queremos proteger a los trabajadores, es importante revisar la evidencia y enfocarnos en la gran mayoría hoy desprotegida.

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Un mercado laboral disfuncional

¿De quiénes hablamos cuando se dice que se busca proteger a los trabajadores? Nuestra normativa privilegia las relaciones laborales asalariadas a plazo indeterminado. Esto no se condice con la realidad. Si hubiera 100 peruanos en edad de trabajar laborando o buscando empleo (PEA), 93 de ellos estarían trabajando (PEA ocupada) y solo 42 serían asalariados. De esos 42 peruanos, 21 lo serían sin ningún contrato ni derechos, 17 tendrían un contrato temporal y 4 serían asalariados con un contrato a tiempo indeterminado. Cuatro de 100. Lo que para nuestras normas es la “regla”, para nuestra realidad es la excepción. Esto, sin mencionar nuestro exceso de autoempleo (40%), donde 9 de cada 10 son informales y 3 de cada 4 no alcanzan a reunir un sueldo mínimo cada mes. ¿A quiénes estamos protegiendo?

Es un escenario disfuncional porque, si bien nuestras normas apuntan a relaciones asalariadas a tiempo indeterminado, lo que tenemos es un mercado laboral con relaciones predominantemente informales, que afectan a más de 9 millones de peruanos. Además, dentro de la formalidad predominan las relaciones de corto plazo. La informalidad es un problema determinante para crecer con resiliencia. Ya antes de la pandemia, más de la mitad de los ingresos de la clase media dependía del empleo informal. En los hogares más pobres, los ingresos por empleo formal prácticamente no existían. Sin un compromiso claro por combatir la informalidad –que pasa por impulsar la productividad–, no vamos a reunir las condiciones para proteger a nuestros trabajadores.

Así, las intenciones de protección pueden tener efectos (más) desprotectores. De hecho, ya nos ha ocurrido. En el 2001, un fallo del Tribunal Constitucional brindó elección al trabajador entre una indemnización o reposición ante un “despido arbitrario”. Este fallo generó la sustitución de más de 900 mil empleos permanentes por temporales y cambió sustancialmente la estructura de la PEA asalariada a favor de los contratos temporales. Si realmente se trata de poner al pueblo por delante, ¿por qué sobreproteger a grupos muy pequeños mientras mantenemos desprotegida a la gran mayoría?

Proteger a las personas, no a los empleos

Restringir la entrada y salida de las relaciones que “empatan” las competencias de un trabajador con las necesidades de una empresa dificulta la generación de empleos adecuados. Vivimos en tiempos de cambio permanente en la tecnología y los mercados. Ya no es posible asegurar que seguiremos en la misma actividad durante toda nuestra vida laboral. Necesitamos entonces una fuerza de trabajo resiliente, que pueda adaptarse permanentemente a los cambios. Por ello, un mercado laboral más flexible, menos informal y más productivo debe necesariamente venir de la mano de un sistema de protección social amplio y que brinde la posibilidad de adaptación.

Esto requiere un enfoque integral y sin parches: impulsar productividad laboral y empresarial para reducir la informalidad y mejorar las condiciones de los hogares, a la vez de proveer seguros. Esto último incluye una adecuada cobertura de salud, pensiones y protección ante situaciones impredecibles, como pueden ser el desempleo o los desastres naturales. Esto, para poder ser financiado, requiere un manejo fiscal sostenible, así como empresas y personas saludables que contribuyan con sus impuestos.

Necesitamos inversión privada

Este enfoque integral no va a ser posible sin crecimiento económico ni inversión privada. Aunque estas no sean condiciones suficientes, son absolutamente necesarias. La inversión privada –el 80% de la inversión total– es la generadora de empleo adecuado en el largo plazo, permite la innovación y genera más bienestar para los hogares. Además, es una importante fuente de ingresos para el Estado en aras de brindar servicios públicos de calidad e implementar una protección social más integral.

Sin embargo, las señales que viene generando el gobierno, junto con la marcada incertidumbre política, sitúa a la confianza empresarial en sus niveles más bajos. Y es que, en efecto, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) prevé que la inversión privada crecerá en 0% en el 2022. Urgen señales claras y firmes que alimenten la confianza empresarial si realmente se busca impulsar el empleo de calidad de forma sostenible.

Apuntes finales

Conforme la incertidumbre y las restricciones permanezcan o se acrecienten, el empleo informal seguirá avanzando más rápidamente que el formal. Para impulsar la generación de trabajo en el Perú, actualmente se apuesta por empleos públicos temporales, medida necesaria en momentos de crisis como este, pero insuficiente porque no genera empleo adecuado: los empleos temporales ayudan, pero no solucionan problemas estructurales.

En este marco, crecer sostenidamente y con empleos de calidad pasa necesariamente por abordar las problemáticas estructurales de la informalidad: tejido empresarial con empresas muy pequeñas y poco productivas, limitada productividad laboral, marco normativo frondoso y rígido, y fiscalización inadecuada. Crecer es determinante, pero es solo el primer paso. Apuntemos a políticas públicas para las mayorías y busquemos una protección real para nuestros trabajadores.

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