:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/I46E35AXLJC57IHEPOE5N2VRKI.jpg)
CECILIA NIEZEN / @cniezen
En los últimos años, el estallido de conflictos sociales alrededor de proyectos de inversión principalmente vinculados a actividades extractivas, así como las críticas a la forma cómo se venían evaluando los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para el desarrollo de importantes proyectos, terminaron con el anuncio oficial, en diciembre del 2012, de la creación de una nueva entidad técnica adscrita al Ministerio del Ambiente: el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).
Y a fines del 2013, se nombró a Rosa María Ortiz, ex jefa de Perú-Petro, como la primera responsable de la entidad, que de acuerdo a lo planificado debería empezar a operar en abril de este año.
Con la creación de la entidad, se busca trasladar la función de evaluación de los EIA desde sus respectivos sectores al Senace. De esta manera, se buscaría terminar con la situación de varios sectores de ser juez y parte: por un lado tienen el mandato de promover la inversión, y por otro de fiscalizarla. De hecho, para muchos analistas, el origen de muchos conflictos sociales se explica, entre otros factores, porque muchos EIA se aprueban sin el debido rigor y objetividad.
Según su ley de creación, el Senace, es responsable de revisar y aprobar los EIA detallados (EIAd), regulados en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que comprenden proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto de alcance nacional.
¿Qué significa un EIAd? Según explica Antonio Brack, ex ministro del Ambiente, los EIAd son aquellos que se exigen para proyectos con el potencial de generar un gran impacto ambiental, es decir, para los proyectos más complejos, que son los que generan mayor preocupación en la población. “El Senace verá este tipo de EIAs para todos los sectores”, señala. Los que no entren en la categoría de EIAd, seguirán siendo revisados por sus propios sectores.
POSICIONES ENCONTRADAS
Pero el anuncio de esta nueva entidad ha generado opiniones diferentes. Para unos, el Senace es una entidad importante para fortalecer una gestión ambiental transectorial y transparente, mientras que para otros, puede generar más burocracia, dilatando los procesos por los cuales atraviesa actualmente un proyecto de inversión.
José de Echave, sub director de la ONG Cooperacción y ex viceministro de Gestión Ambiental, sostiene que una entidad técnica como Senace era necesaria. "La creación del Senace es el primer paso para romper una gestión ambiental sectorial y recuperar la confianza de los actores en los estudios de impacto ambiental", dice.
Para Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), lo importante será el profesionalismo que se le imprima a la nueva institución, para que se trabaje con el personal adecuado y la celeridad necesaria. "No hay objeción al Senace. Sin embargo, la generación de normas, objetivos, aprobación de estudios, fiscalización y sanciones –todo eso está muy centralizado ahora en un mismo ministerio (el Minam)", dijo.
En días pasados, Augusto Baertl, ex presidente de la SNMPE señaló que el Senace frenaría importantes inversiones porque involucraba mayor burocracia, opinión compartida por una parte del sector privado que pide al gobierno procesos más ágiles.
Pero de Echave, considera que un artículo de la ley que crea el Senace deja una puerta abierta a la ambigüedad, pues dice que podrían estar fuera de la competencia del Senace “los estudios de impacto ambiental detallados que expresamente se excluyan por Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros a propuesta del sector correspondiente, los que serán evaluados por el sector que disponga el referido Decreto”.
Lo cierto es que con el personal técnico adecuado y la independencia necesaria, esta entidad podría evaluar con eficiencia un instrumento (EIA) que ha generado tantas dudas como confianza hasta la fecha. Y bajo estas nuevas condiciones, podrían evitarse varios de los 221 conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo hasta noviembre del 2013.
