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Redacción EC

Las otrora empresas socias y que operaron en consorcio con la constructora brasileña ahora son alcanzadas por el 003. Ello, luego de que el aprobara el jueves el proyecto de ley 1410 que modifica el texto del mencionado decreto.

De acuerdo a expertos, la ampliación del alcance podría afectar a dichas empresas al punto de generar su quiebre financiero ysería inconstitucional por los siguientes motivos:

Las consorciadas con empresas condenadas por corrupción que tengan una participación mayor al 5% en la adjudicación de proyectos conjuntos se sujetarán a las tres restricciones establecidas en el DU 003. Así, no podrán transferir dinero fuera del país hasta hacerse el pago de la reparación civil a su cargo.

Además, no podrán vender sus activos sin autorización del Ministerio de Justicia y se les retendrá parte de las utilidades provenientes de contratos vigentes suscritos con el Estado.

Según Freddy Escobar, socio del Estudio Lazo, De Romaña & CMB, la norma sería inconstitucional, pues “asume que las empresas son culpables hasta probar lo contrario. Está violando la presunción de inocencia de las empresas”.

En la misma línea, el exviceministro de Justicia Edgar Carpio comentó la semana pasada que probablemente el Ejecutivo rechazará la ley, porque “no hay forma de hacerlo sin violar la Constitución”. Graña y Montero sería la empresa más afectada por este proyecto de ley y tomaría acciones legales al respecto.

Por otro lado, el abogado José Antonio Payet, socio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, estudio a cargo de la defensa legal de la constructora, comentó que “es un proyecto con nombre propio, abusivo y arbitrario”. argumentó.

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