IPE: la inseguridad y los delitos en Lima alcanzaron su punto máximo en los últimos siete años

Según una reciente encuesta de Ipsos, la delincuencia y la violencia se han convertido en la principal preocupación de los peruanos, por encima incluso de la corrupción, el desempleo y la alta inflación.

El aumento de la inseguridad ciudadana no solo tiene un impacto negativo sobre las víctimas de algún delito, sino también sobre los hogares y empresas, que se ven obligados a destinar parte de sus ingresos a medidas de prevención. En conjunto, ello le resta eficiencia a la economía y disminuye la productividad agregada.

La inseguridad continúa en aumento. En Lima, una de cada tres personas mayores de 15 años ha sido víctima de un delito en el último año (el punto más alto en casi siete años) y más de la mitad de estos casos involucran armas de fuego. En consecuencia, cada vez más hogares invierten en medidas de prevención frente a la inseguridad. Por ejemplo, el porcentaje de hogares con cámaras de vigilancia en su comunidad se multiplicó por seis entre el 2014 y el 2022. Asimismo, se duplicaron los controles de acceso a barrios y los sistemas de alarma comunitaria contra la delincuencia van rumbo a triplicarse.

A escala nacional, las familias víctimas de un robo o intento de robo de vivienda son más probables de tener un perro guardián, evitar dejar la casa sola, poner rejas en puertas o ventas, o colocar o cambiar cerrojos y cerraduras. Asimismo, desde la pandemia, se ha visto un incremento considerable en el número de solicitudes de licencias de armas para defensa personal o seguridad privada. Solo en el 2022, se emitieron 43.000 de estos documentos (cerca de 17 licencias nuevas por cada 10.000 peruanos mayores de 15 años), más del doble que en el 2019, concentrándose esta demanda en la costa y en la selva central.

Según la Encuesta a Empresas del Banco Mundial, en el 2017 el 5,4% de las empresas peruanas consideró que los delitos, robo y desorden son el principal obstáculo para hacer negocios, por encima del promedio de 4,9% para América Latina y de 2,7% a escala global. Dado ello, las empresas se ven obligadas a desviar recursos que podrían haberse invertido en actividades productivas hacia los gastos de seguridad.

En efecto, el 31% de las medianas y grandes empresas del país con ingresos netos anuales mayores a los 1.700 UIT fueron víctimas de algún hecho delictivo en el 2019 y destinaron en promedio el 5,6% de sus ingresos netos a medidas de seguridad, según la Encuesta Económica Anual del INEI. Previsiblemente, los sectores con una mayor tasa de victimización (personas que reportan haber sido víctimas de un hecho delincuencial) suelen destinar una mayor proporción de sus ingresos a seguridad. Por ejemplo, el 42% de estas empresas en el sector transportes fueron víctimas de delitos en el 2019 y su gasto promedio en seguridad fue 9,6% de sus ingresos anuales.

A ello se le debe agregar la pérdida de productividad debido a la mayor inseguridad. Según Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, muchas bodegas han reducido sus horas de atención o incluso han tenido que dejar de operar por el temor tras haber sido víctimas de extorsión. Asimismo, de acuerdo con Susana Saldaña, presidenta de la Asociación empresarial Gamarra Perú, la fuerte presencia del comercio informal y de la delincuencia en los alrededores del emporio, afecta las ventas de los empresarios formales. Frente a este escenario, Fredy Gamarra, gerente general de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), destaca la necesidad de fortalecer el desarrollo de la industria de seguros, a fin de evitar el cierre de operaciones de las empresas afectadas.

El Índice Global del Crimen Organizado 2023 de la organización The Global Initiatiative Against Transnational Organized Crime ubica al Perú en el puesto 32 de 193 países en criminalidad, al destacar la presencia de delitos que abarcan el robo, tráfico de personas y armas, narcotráfico, extorsión y minería ilegal, entre otros. Si bien el país se halla a la mitad de la tabla en Sudamérica (puesto 6), de no revertirse la tendencia creciente de la criminalidad, se podría acercar a los niveles registrados por Colombia, Paraguay, Ecuador, Brasil o Venezuela (puestos entre 1 y 5 en la región). En efecto, la última edición de este índice resalta la tendencia creciente de las extorsiones en el Perú luego de la pandemia, en sectores como el transporte público, la construcción y el comercio, lo que impacta económicamente a las empresas y familias, y contribuye a un ambiente de mayor inestabilidad.

Ya con datos al 2014 el Banco Interamericano de Desarrollo evidenciaba que el costo total del crimen en el Perú, incluyendo el costo para las víctimas, el gasto en prevención de los hogares y empresas, y el gasto público ascendía a 2,7% del PBI de ese año, cerca de US$335 por persona. Casi con seguridad, dicho monto se ha incrementado considerablemente en la última década, dada la mayor incidencia de delitos a escala nacional. Se requieren medidas urgentes para que la inseguridad ciudadana no siga comprometiendo sobremanera el desarrollo del Perú, perjudicando especialmente a los más vulnerables. Pero más importante aún es que se trate de medidas sensatas, que no afecten los derechos ciudadanos y de empresa que justamente se busca preservar.