La incertidumbre política y las bajas expectativas empresariales en el país delimitan un escenario poco favorable para la adjudicación de nuevos proyectos de inversión. Los mismos que, según la cartera de proyectos de Pro Inversión a agosto, totalizan US$6.300 millones en 20 proyectos.
Al respecto, Camilo Carrillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad, explica que se trata de proyectos que están listos para adjudicarse entre este año y el próximo. “Sin embargo, qué inversionista va a firmar un convenio de 20 años con el Perú si no se sabe si el Gobierno sigue apostando, por ejemplo, por iniciativas público-privadas”, dijo.
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Las iniciativas, según estimó Carrillo, equivalen a cerca de 8% del PBI y reúnen proyectos como hospitales, ferrocarriles, obras de saneamiento, entre otros.
Algunos de estos proyectos forman parte del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), que se aprobó en el 2019 durante el gobierno de Martín Vizcarra y que plantea 52 proyectos para cerrar la brecha de infraestructura. Sin embargo, a agosto solo se tiene treinta en ejecución.
Según comenta Carrillo, si bien este año se ejecutará más que en el 2019, el problema es la velocidad en el avance del plan. “Este 2021 ejecutaremos S/3.000 millones y necesitamos el doble solo para terminar los proyectos hoy en ejecución en cinco o seis años”, comentó.
Se trata de proyectos como el aeropuerto Jorge Chávez y el terminal de Salaverry, pero también existen algunos paralizados como Chavimochic y Majes-Siguas. Desde la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), se recalca que el principal problema está en la gestión. “Obras paralizadas, laudos arbitrales e informes de contraloría por falta de liberaciones de áreas así lo demuestran”, explica.
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Para Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, el problema en la demora de ejecución es que –tras la pandemia– este plan merece una revisión. “Es un documento prepandemia. Hoy, además de cerrar la brecha, se requiere calidad de infraestructura. Para eso se necesita una institucionalidad detrás del plan”, explica.
AFIN también coincide en la necesidad de una actualización. “Entendemos que la voluntad política ya se ha expresado y ahora falta que los responsables de los proyectos ejecuten ese mandato. También falta incorporar los proyectos de salud, educación y de infraestructura social en el plan”, explica.
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