Familias o empresas cuya tasa de interés de mercado resulte más alta que la impuesta por el tope estarán automáticamente excluidas del sector financiero formal (Foto: iStock)
Familias o empresas cuya tasa de interés de mercado resulte más alta que la impuesta por el tope estarán automáticamente excluidas del sector financiero formal (Foto: iStock)
Instituto Peruano de Economía (IPE)

(Informe El Comercio - IPE) La semana pasada, la Comisión de Defensa del Consumidor del aprobó el predictamen que propone establecer topes a las del sistema financiero, así como regular comisiones y gastos cobrados por las entidades financieras. Si bien ese grupo de trabajo considera que en el proyecto “el gran beneficiario es el consumidor que podrá acceder a mejores tasas de interés en el largo plazo, pudiendo tener mejores condiciones de endeudamiento”, su aprobación tendría efectos adversos sobre el acceso al formal de las empresas e individuos más vulnerables.

CALIBRACIÓN DE LAS TASAS

La determinación de las tasas activas no es arbitraria, sino que responde a las estructuras de costos de las entidades financieras y al perfil de quien recibe el crédito.

Un primer componente, el costo de fondeo, representa la tasa de interés pasiva que las entidades financieras pagan a sus depositantes u otros financistas por la utilización de sus recursos para otorgar préstamos. En segundo lugar, el costo por riesgo crediticio recoge la probabilidad de que los préstamos otorgados no sean recuperados en su totalidad –y de ahí que los préstamos más riesgosos tengan tasas de interés más altas–. Finalmente, los costos operativos se componen por los gastos del personal que trabaja en los procesos de evaluación, seguimiento y cobranza, los sistemas de la entidad financiera, y los gastos regulares de cualquier empresa. Una cantidad de dinero que se desembolsa en varios préstamos pequeños demandará más recursos operativos que la misma cantidad desembolsada en un solo préstamo más grande, lo que incrementa también su costo.

Así, una entidad financiera obtiene utilidades solo si la tasa de interés activa alcanza para cubrir estos tres componentes a la vez, en un mercado en el que otras entidades pueden competir por el mismo crédito.

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De este modo, familias o empresas cuya tasa de interés de mercado resulte más alta que la impuesta por el tope estarán automáticamente excluidas del sector financiero formal. Asimismo, los topes serán más perjudiciales para las entidades financieras de menor tamaño –como cajas rurales o municipales–, que típicamente proveen crédito a clientes de mayor riesgo y enfrentan mayores costos operativos.

Una consecuencia de ello ha sido normalmente el racionamiento de crédito para priorizar a clientes con menor riesgo crediticio y que representen menores costos operativos. Como alternativa, empresas y negocios con poco historial crediticio o más vulnerables recurren al mercado financiero informal. Según una reciente encuesta realizada por el Banco Central de Reserva (BCR), la tasa de interés promedio que se cobra a mypes por préstamos informales es de 792% anual, muy superior al 45% anual cobrado en el mercado formal a microempresas. Más aún, según Asbanc, en el mercado informal las prácticas de cobranza no se encuentran reguladas, lo que puede exponer a los prestatarios a cobranzas peligrosas, estafas y extorsiones.

Una mirada a los préstamos y a las tasas de interés. (Infografía: El Comercio)
Una mirada a los préstamos y a las tasas de interés. (Infografía: El Comercio)

EXPERIENCIAS EN LA REGIÓN

Algunos países de la región han establecido límites a las tasas de interés del sistema financiero con el mismo objetivo del predictamen aprobado. Según la evidencia, estos mecanismos han tenido un efecto negativo sobre el acceso a créditos y el volumen de desembolsos.

En Colombia, hacia el 2000 se consideró que una tasa que excediera en 50% el costo promedio del mercado calificaba como delito de “usura”. Las restricciones ocasionadas obligaron a levantar los topes dos veces entre el 2007 y el 2010, con la consecuente recuperación del crédito. Aun así, de acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia (ANIF), si se hubiera eliminado el tope, la cartera del sector consumo habría aumentado un 20% adicional entre el 2014 y el 2016. En El Salvador, donde también hay tasas máximas, los desembolsos podrían haber sido 30% mayores. En Paraguay, los límites a las tasas de interés estuvieron relacionados con el retiro de casi 130.000 tarjetas de crédito.

En Chile, existe una tasa máxima convencional (TMC), cuya modificación en el 2013 tuvo consecuencias serias para el sector financiero del país. Según la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (SBIF), la disminución de la TMC habría excluido a entre 151 mil y 227 mil clientes, principalmente deudores de bajos montos.

De acuerdo con un informe del Instituto Libertad y Desarrollo de Chile, “aun con información poco detallada del mercado del crédito informal en Chile, se visualiza un aumento significativo del acceso de los hogares a mercados informales para la obtención de créditos. Esta situación estaría directamente relacionada con el cambio en la metodología para calcular la TMC que significó una baja importante de la misma”. Y concluye que “sin duda también sería interesante evaluar la conveniencia de eliminar la TMC, ya que precisamente atenta contra la formalidad del crédito del segmento de la población que busca apoyar”.

El Perú mismo tuvo topes hasta inicios de los años noventa, con pobres resultados. El esfuerzo por continuar reduciendo tasas de interés en el sistema es válido, pero este pasa por fomentar mayor competencia en el sector financiero, incidir en la educación financiera de la población y la transparencia de la información, fortalecer la inclusión financiera a través de herramientas digitales, entre otros.

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