Más de 2 millones de peruanos redujeron su consumo de alimentos este año

El Perú enfrenta una severa crisis de inseguridad alimentaria en medio de una economía estancada. Si bien el ajuste de la inflación representa un alivio para el bolsillo de los hogares peruanos, esto será insuficiente sin una reactivación de la inversión privada que permita un mayor crecimiento, más empleos y mejores salarios. En este contexto, diferentes niveles del Estado han desplegado medidas para mitigar el impacto de la crisis alimentaria sobre los más pobres. Sin embargo, una protección efectiva y adecuada requiere un liderazgo claro y una estrategia articulada, descentralizada y focalizada.

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Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el porcentaje de hogares en el Perú que vio disminuido sus ingresos producto de una enfermedad, pérdida de empleo o un desastre natural, entre otros, pasó de 19% en el 2019 a 27% en el 2022. Ello llevó a las familias a consumir menos alimentos. Durante el primer semestre del 2023, se estima que el 6,3% de la población (2,1 millones) redujo su consumo de alimentos, un máximo en al menos 16 años, sin considerar la pandemia. Este resultado es consistente con el retroceso de casi 10 años en la reducción de la pobreza extrema y evidencia la gravedad de la crisis de inseguridad alimentaria.

El fuerte incremento de los precios de los últimos dos años ha perjudicado principalmente a los hogares de bajos recursos, reduciendo su ingesta de productos alimenticios ricos en proteínas. Por ejemplo, el consumo de carnes rojas entre los niveles socioeconómicos (NSE) C, D y E de las zonas urbanas se redujo en 14% en los últimos cinco años. En el caso del NSE B, la caída fue de 26%, pero aun así consume todavía 25% más que el NSE C, D y E. Además, en el ámbito rural, si bien el consumo de carne aumentó con la pandemia, este empezó a reducirse rápidamente desde el 2022 en línea con la mayor inflación de alimentos.

La iniciativa ciudadana de las ollas comunes, que se reactivó durante la pandemia en el 2020, se ha mantenido como una estrategia central para mitigar la inseguridad alimentaria. Al cierre del 2022, más de 3.000 ollas comunes registradas atendían a casi 224.000 beneficiarios, principalmente en Lima Metropolitana (90% del total). En respuesta, el Gobierno asignó S/147 millones en el 2023 para la entrega de productos básicos a las ollas comunes. En tanto, desde agosto último, la Municipalidad Metropolitana de Lima asumió la distribución de alimentos en su jurisdicción, con un presupuesto de S/67 millones, que a la fecha se ha ejecutado en un 24%, según datos del MEF.

“El país no tiene una política de seguridad alimentaria que articule las iniciativas sectoriales y aproveche los espacios de colaboración público-privados”.

Sin embargo, y a pesar de los distintos esfuerzos de las ollas comunes, la asistencia alimentaria enfrenta desafíos significativos. Carolina Trivelli, extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, destaca la falta de un liderazgo claro y una estrategia integral de asistencia alimentaria. Lo primero se evidencia en la ausencia de una institución encargada de coordinar las responsabilidades de los diferentes sectores. A la vez, el país no cuenta con una política de seguridad alimentaria que articule las iniciativas sectoriales y aproveche los enormes espacios de colaboración público-privados. Según Trivelli, la Presidencia del Consejo de Ministros podría asumir esta función, facilitando una respuesta estatal más coherente y eficaz.

Por otra parte, la alta concentración de las ollas comunes en Lima Metropolitana es consistente con el incremento de la pobreza y vulnerabilidad en las zonas urbanas, lo cual refleja la ausencia de un plan descentralizado y medidas focalizadas. Los problemas de focalización se extienden a otros programas de asistencia alimentaria. Estimaciones preliminares usando la Enaho sugieren desafíos significativos en este aspecto. Por ejemplo, en el 2022, el 28% de los 200.000 hogares atendidos por los comedores populares no son vulnerables ni pobres, seguido por el 24% de los hogares beneficiarios del vaso de leche.

Otro aspecto que se debe considerar es la aparente desconexión entre las necesidades reales de las ollas comunes y el soporte provisto por el Estado. Abilia Ramos, representante de la Red de Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, señala que en ocasiones la entrega de alimentos no toma en cuenta la dieta local o que los colaboradores de las ollas pueden desconocer cómo prepararlos, lo que dificulta su aprovechamiento efectivo.

En los últimos meses se ha registrado una clara desaceleración en el aumento de los precios y ello contribuirá a una menor presión para el bolsillo de los hogares, sobre todo de los más vulnerables. En efecto, las diferencias entre la inflación que experimentan los hogares pobres y ricos se han reducido casi en su totalidad. Sin embargo, una menor inflación será insuficiente sin un mayor dinamismo de los ingresos laborales, algo posible únicamente si hay mayor inversión y empleo.

Frente a una economía estancada y un mercado laboral debilitado, es probable que los hogares tarden en recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años. Además, la ocurrencia de un fenómeno de El Niño fuerte en el verano del 2024 podría significar un nuevo incremento temporal en los precios de los alimentos.

A casi cuatro años de la pandemia, es indispensable asegurar la alimentación adecuada, especialmente de los más vulnerables. Para ello, será importante el liderazgo claro y coherente que pueda mostrar el Gobierno para abordar esta problemática, no es suficiente con asegurar los presupuestos. Como se ha dicho, es tarea primordial fortalecer la organización y articulación entre los distintos esfuerzos del Estado y aprovechar la colaboración público-privada en la entrega de alimentos.