Juan Sheput al frente del Ministerio de Trabajo: ¿Cómo encuentra al sector y qué aspectos debe atender?

El último reporte de empleo de Lima Metropolitana del INEI muestra que en el trimestre julio-setiembre de este año más de 740.000 personas se encuentran desempleadas, 147% más que hace un año.

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En la fotografía actual, también se observa que las personas adecuadamente empleadas cayeron en 46,9% interanual, lo que equivale a casi 1,5 millones de personas.

Este es el escenario en el que juramenta Juan Sheput, desde ayer titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), puesto que ocupa por segunda vez tras haber tenido el cargo en el 2005.

LO QUE LA CRISIS SE LLEVÓ

En octubre, las expectativas de contratación de personal a tres y 12 meses del BCR se ubicaron en 44,8 y 55 puntos, respectivamente, producto de una recuperación gradual aunada a la reactivación económica.

Sin embargo, los analistas consultados por este Diario coinciden en que la crisis política ha disipado significativamente este avance.

“Por lo general, cuando ocurre un cambio de gobierno se inhibe la inversión y, con ello, el ánimo de contratación, pues no se sabe el estilo que se impondrá. Es esperable que este cambio de gobierno no influya positivamente en el empleo”, explicó Flavia Granados, asociada senior de DLA Piper.

“La creación de empleo se afecta porque el proceso de reactivación económica se va a parar o, al menos, ralentizar. El derecho laboral está muy ligado a la coyuntura”, acotó Pamela Navarro, directora y fundadora de Atalla Legal.

A su turno, Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, añadió que esta sensación de incertidumbre generada limitaría considerablemente el impacto que pudieron haber tenido algunas normas laborales recientes, como el subsidio a las planillas.

“Este plan [para recuperar el empleo formal] elaborado en todos estos meses tendrá un efecto limitado. ¿Quién querrá contratar en este contexto?”, refirió.

AGENDA URGENTE

Navarro indicó que a priori la nueva gestión debe enfocarse en poner en vigencia las normas laborales pendientes.

“El subsidio a las planillas debe reglamentarse y el ministerio debe sacar el listado de las empresas que podrán acceder”, remarcó.

Agregó que esta es una buena oportunidad para buscar un marco normativo efectivo para la contratación de personal, que abarque también a las empresas más pequeñas y a las informales.

“Se debe apuntar a medidas con beneficios 360°. Por ejemplo, que las empresas se formalicen, contraten y se les brinde créditos a menores tasas como en Reactiva Perú. Urgen soluciones más atractivas y, a la vez, agresivas”, subrayó.

Navarro además señaló que está pendiente definir las características del trabajo remoto, que si bien ha sido extendido hasta julio del próximo año aún no se define aspectos relevantes como los relacionados a las contraprestaciones.

“También están las medidas sobre los grupos de riesgos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a compensar tantas horas pagadas pendientes de laborar?”, anotó.

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Remarcó que la situación actual amerita abordar políticas con enfoque de género, dado que las mujeres y madres han sido los grupos más afectados en esta coyuntura, y ejecutar capacitaciones técnicas a los más jóvenes para aumentar sus probabilidades de encontrar empleo.

Por su parte, Granados indicó que se debe continuar en los casos que sean necesarios con las suspensiones perfectas, pues se evidenció su utilidad al evitar el quiebre de empresas.

“Hoy vemos que ya están regresando las personas a trabajar. Esta medida sí es recomendable que continúe”, apuntó.

Mientras que Lora añadió que también se debe apuntar a revisar la normativa que permita la contratación laboral en períodos de emergencia, pues consideró que no hay un tiempo que permita realizar cambios estructurales.

“Debe ser algo temporal, por un par de años, hasta que las empresas recuperen su capacidad pre COVID-19. Se puede modificar la definición de los contrato part-time”, dijo.

Agregó que se debe trabajar en que el MTPE recupere su preponderancia, pues venía teniendo un perfil bajo, y que se mejore su actuación respecto a los procesos de suspensión perfecta y/o ceses colectivos.

El Comercio trató de contactarse con Sheput, pero no respondió los mensajes.

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