Ley de alquiler: dudan que plazo para desalojo se cumpla

El nuevo régimen de arrendamiento, en el que están incluidas las modalidades de alquiler-venta y leasing inmobiliario, tendrá un proceso de desalojo más rápido ante el incumplimiento de pago del alquiler, pero existen dudas sobre si se podrá cumplir con los plazos establecidos. 

La ley decreta, por ejemplo, que si el inquilino acumula dos meses consecutivos de mora, el arrendador puede iniciar un proceso judicial para desalojarlo en menos de un mes. Esta tarea quedará en manos de los juzgados de paz. 

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Fernando Castañeda, socio de Aramburú Camino Boero Abogados, dice que sería un gran avance porque hoy, como mínimo, un desalojo toma 5 meses y se puede extender hasta unos años. “La rapidez del proceso dependerá de la carga de trabajo de los juzgados. Hay que tomar en cuenta eso para llevar la eficiencia planteada a la práctica”, señala. Otro punto en contra es el retraso en la notificación de las resoluciones.

El gremio inmobiliario ADI Perú ha dicho que, la recuperación rápida de la vivienda alquilada en caso de morosidad, será un factor clave para que personas, inmobiliarias y bancos ingresen al negocio de alquiler, pues les asegurará mantener activa su inversión para volver a colocarla como oferta en el mercado. “Con esto, la ley busca en especial que la propiedad no pierda valor”, afirma Castañeda.

En un escenario de largos procesos judiciales, no existe garantía de que estos sí serán una excepción; por eso, Yuri Vega, socio del Estudio Muñiz, propone que se creen juzgados especializados en atender estos temas inmobiliarios. “Me parece que hay una buena intención, pero los plazos en el sistema judicial no suelen cumplirse. Creo que un proceso extenso tiraría por el suelo el atractivo de invertir en este negocio”, señala.

Vega comenta además que el año pasado se aprobó la incorporación de una cláusula de allanamiento futuro en los contratos de alquiler para que el inquilino se comprometa a dejar el inmueble; sin embargo, esto recién se está incorporando a los contratos y no hay todavía cómo comparar o medir el impacto que pueda tener una medida que agilice el desalojo.