El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, sostuvo que los beneficios tributarios con los que cuenta el sector agroexportador (paga 15% en Impuesto a la Renta, cuando en general asciende al 29.5%) se reducirán gradualmente hasta eliminarse. Esto, tras la derogación en el Congreso de la República de la Ley de Promoción Agraria.
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Ante este panorama, el tributarista Jorge Picón señaló que cualquier cambio tributario en esta coyuntura de pandemia es muy riesgoso.
“No es momento de subir impuestos. Una eliminación de un momento a otro me parece muy peligrosa, sobre todo porque el agro ha sido el sector que más ha absorbido el desempleo. Para mí, esto sería una mala estrategia tributaria”, refirió el especialista.
El especialista añadió que el Estado debe ofrecer incentivos al sector agroexportación que puedan estar ligados a la inversión. “Por ejemplo, le puedes decir que invierta más de US$ 5 millones en cualquier obra de infraestructura, y se le devuelve el IGV de la etapa preoperativa”, indicó.
Agregó que solo se tiene plazo este mes de diciembre para reponer la norma tras la derogación de la Ley de Promoción Agraria. En caso no lo hagan, este sector pasará a pagar el régimen general del Impuesto a la Renta de 29.5%.
Por su parte, Walker Villanueva, del Estudio Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uria, se mostró a favor de que exista un régimen tributario neutral, pero con un plazo prudente para que entre en vigencia.
“Me parece bien que haya un incremento gradual del Impuesto a la Renta, pero con reglas de juego claras porque ya van casi 30 años con un régimen especial pagando la mitad. Cuando se haga deben anunciarlo con anticipación a los empresarios agrarios”, acotó.
Explicó que este tiempo para el incremento gradual de los tributos debería ser en 10 años.
“Pueden hacer crecer cada año un punto y así llegan a los 25% de Impuesto a la Renta y dejarlo ahí porque la actividad agraria tiene muchos riesgos por los competidores”, puntualizó Villanueva.
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