María Rosa Villalobos

El viene impulsando, a paso firme, la llamada Agenda 19, bautizada así por el ex titular de esta cartera, Iber Maraví.

Así, además de haber aumentado recientemente la remuneración mínima vital, el ministerio hizo público el Anteproyecto del Código Laboral –en buena cuenta, una nueva ley general de trabajo–, y hasta amplió a 20 días adicionales el plazo para recibir comentarios al mismo.

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Un tanto irónico termina siendo que este anteproyecto, así como la norma que prohíbe la tercerización laboral y el incremento de la RMV, hayan generado que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por pedido de la Confiep y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), se dirigiera a la titular del sector mediante una carta para expresar su preocupación por las formas –y no el fondo– en las que dichas normativas habían visto la luz. Y es que, como lo afirma la OIT, ninguna de las reformas laborales mencionadas ha sido socializada en el Consejo Nacional del Trabajo.

Un tema adicional es resaltado por la entidad internacional: tanto empleadores y trabajadores deben ser consultados de manera efectiva durante este tipo de procesos. La OIT culmina la misiva solicitando a la titular del sector proporcionar una respuesta a las observaciones realizadas, así como informar sobre las acciones contempladas para remediar la situación.

Las tres reformas, no poco importantes, han sido ampliamente criticadas por las diferentes y severas consecuencias que podrían generar en el ya golpeado mercado laboral peruano. Aunque el MTPE ha indicado que cerca de un 40% del contenido del anteproyecto ya fueron previamente consensuados tripartitamente en el Consejo Nacional de Trabajo y en los anteriores proyectos de Ley General de Trabajo, o que respeta los convenios de la OIT (como el 87, el 98 y el 100), es ingenuo pensar que la Confiep y la OIE han logrado “engañar” a la OIT para confundir a la población.

Las formas importan, sobre todo, en política pública. El diálogo no solo debe ser invocado sino gestionado, y para eso hay que trabajar. Llegar a acuerdos no es equivalente a declaraciones de pluralidad e inclusividad, y mucho menos a imposiciones que, aunque legales, no generan consensos entre las partes involucradas. Como lo dice la politóloga Gabriela Vega, ser democrático es por definición incómodo: “es ponerles límites a nuestros deseos y poder, no solo a los del adversario. La democracia nos protege tanto como nos limita”.


María Rosa Villalobos Editora de Economía y Día 1