Los retos fiscales del próximo gobierno, por Carlos Casas y Pablo Lavado

Hace treinta años nuestra institucionalidad fiscal empezó a ser reconstruida de las ruinas. Así, se creó la Sunat, la cual se independizó del MEF para profesionalizarse en el cobro de impuestos. Asimismo, se inició un proceso de fortalecimiento del MEF y mejora de las cuentas fiscales. Al cabo de varios años de disciplina, empezamos a ver los frutos: la recaudación aumentó y el gasto empezó a manejarse con una mejor racionalidad.

Esto permitió que, desde inicios de siglo, nuestra posición fiscal y nuestro ratio de deuda sobre producto mejoraran. De hecho, obtuvimos nuestra graduación cuando nuestra deuda obtuvo una clasificación de riesgo de grado de inversión, lo cual fue una muestra del buen manejo fiscal que se implantó en el país. Por ello, volvimos a ser bien vistos en los mercados internacionales, contrariamente a la imagen de parias que teníamos hacia fines de los años 1980.

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Es bueno hacer historia para saber de dónde venimos. Por supuesto, aún hay un largo camino que recorrer para mejorar aún más y permitir que la recaudación aumente y brinde a los ciudadanos los bienes básicos que permitan una vida digna y aseguren los derechos que la constitución establece.

Lo que nos ha dejado la campaña electoral es una serie de ofertas para todos los gustos y bolsillos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el país solo tiene un bolsillo, que el dinero no se crea de la nada y que los mayores gastos necesarios que la pandemia ha impuesto han podido ser afrontados por los esfuerzos realizados en las últimas tres décadas.

Por ello, el reto para el siguiente gobierno es amplio desde el punto de vista fiscal. En el documento de política “Retos de la política fiscal al 2030” elaborado como parte del proyecto Agenda Bicentenario del CIUP – Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, brindamos algunas de las tareas más importantes en el mediano y largo plazo.

En primer lugar, debemos aumentar la recaudación. Nuestra presión tributaria es de las más bajas de la región. Ello implica trabajar en dos frentes: i) perseguir a los evasores de impuestos con penas drásticas y ii) ampliar la base tributaria creando los incentivos para la formalización con un sistema tributario amigable y simple e incentivos para mejorar la productividad de las micro y pequeñas empresas. Solo de esa manera podrán afrontar los costos de la formalidad. Esto deberá ser acompañado con mejoras en la administración tributaria y un sistema de inteligencia tributaria que permita identificar a los evasores y reducir las prácticas elusivas.

En segundo lugar, deben revisarse los gastos tributarios (exoneraciones) y las devoluciones de impuestos buscando darle más racionalidad focalizando su uso y evitando filtraciones que beneficien a quienes no lo requieren. La discusión de impuestos a la renta de capital y herencias que practican otros países es un proceso que debe iniciarse si queremos mejorar los niveles de equidad. Eso sí, todos deben contribuir en la medida de sus posibilidades, no debe quedarse nadie sin contribuir salvo los casos de extrema pobreza.

Por el lado del gasto, la agenda es muy grande también, pero la podemos resumir en dos aspectos: i) eliminación de la corrupción y ii) mejora en la eficiencia del gasto. Estimados internacionales nos dicen que si mejoramos estos aspectos podríamos liberar entre un 15% y 20% de presupuesto de la República para hacer más con lo mismo, mientras vamos incrementando la recaudación.

El espacio es corto para hablar del manejo de la deuda pospandemia, la redefinición de la descentralización fiscal y la consolidación de la institucionalidad existente. Son estas tareas en las que se deberá concentrar el siguiente gobierno una vez que se siente sobre el caballo chúcaro que es nuestro Estado y se dé cuenta que los recursos fiscales no son infinitos y que deben manejarse con responsabilidad por respeto y beneficio a las actual y siguientes generaciones.

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