El exministro de Economía y director de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, opinó en el programa Tenemos que hablar, de El Comercio, sobre la decisión de la agencia calificadora S&P Global Ratings de rebajar la calificación crediticia del Perú, debido a la incertidumbre política que limita el crecimiento económico.
¿Esto se venía venir?
Creo que se veía venir porque ya han venido alertando en sus informes previos, las tres agencias, respecto, no solo de dudas de un sobreendeudamiento del país, la solvencia creo que sigue bastante fuerte, medidas como endeudamiento público sobre el PBI, pero sobre todo los temas políticos que minan la capacidad de que el país pueda crecer más.
En particular, lo que resaltan, es que desde el 2016 en adelante esto se ha venido agravando, hay problemas políticos, de gobernabilidad, un debilitamiento del Ejecutivo y la imposición de una agenda populista de parte del Congreso. Creo que ha pesado en esta decisión la aprobación de un séptimo retiro de los fondos privados de pensiones, que haya pesado el reconocimiento del ministro de Economía (José Arista) que va a ser muy difícil cumplir con la regla fiscal para este año, y quizá el cherry encima de la torta (sic) haya sido la destitución o la no renovación de Carlos Oliva frente al Consejo Fiscal.
Todo esto hace que la agencia dude de que el Perú vaya a ser capaz de honrar sus compromisos a largo plazo, y el producto de esto es que obviamente encarece el financiamiento para el Estado y para el sector privado.
Hace tan solo dos años S&P rebaja la calificación y ahora lo hace de nuevo. De todos los argumentos que presenta la calificadora en su informe, ¿cuál te parece el más relevante a mencionar respecto al por qué se toma esta decisión de bajar la calificación crediticia?
Creo que el más relevante es el riesgo fuerte de no poder recuperar tasas de crecimiento más alto. Y esto, básicamente, cómo afecta la calidad de pago, es que si el país crece menos, eventualmente va a tener más mermada su capacidad de honrar sus compromisos y a generar menores ingresos tributarios. Recordemos que el país ya tiene un nivel de depresión tributaria relativamente bajo, 15 por ciento más o menos, los ingresos fiscales cayeron muy fuerte el año pasado, se han venido recuperando, y eso que el precio del cobre está en niveles altos que permite una mayor recuperación, pero lo que parece ser que está pesando fuerte es eso, la capacidad de crecer, de plantear reformas estructurales y lo que se ha apoderado es un populismo desenfrenado en el país y la falta de posibilidad de contener esta ola populista por parte del Gobierno, que es débil y que está envuelto en una serie de escándalos y de investigaciones que lo desenfoca de lo importante. Entonces, en mi criterio, eso es lo más importante que está pesando en la decisión de la agencia.
Cuando hablas de honrar nuestros compromisos, te refieres al pago que tiene que hacer el Perú de sus deudas a inversores extranjeros en el largo plazo, ¿es correcto?
Así es, es honrar los intereses y amortizaciones de los bonos que emite el Estado, y para dar una visión esto ha venido incrementándose porque hace diez años el servicio de la deuda, la suma de intereses y amortizaciones de la deuda pública, más o menos abarcaba cinco por ciento del presupuesto. Hoy en día esa cifra se ha más que duplicado, estamos hablando de doce por ciento a trece por ciento del total del presupuesto aprobado. Entonces, eso le quita espacio al país para tener otras prioridades y de eso se trata. La calificación crediticia per se mide dos aspectos: capacidad y voluntad de pago del país. Acá no dudan de la voluntad de pago, pero sí dudan de la capacidad de pago a raíz de los problemas políticos que ciertamente ellos ponen un acento especial en su evaluación.
Si para el Perú una rebaja de calificación significa que le va a ser más difícil y más caro endeudarse, a nosotros que estamos aquí y necesitamos créditos hipotecarios o para un auto, eso también influye porque también esos créditos encarecen. ¿Puedes explicarnos esa relación y cómo nos afecta?
Nos afecta directamente de dos formas. Uno es que el espacio que el Gobierno tiene para dedicarle a la inversión productiva, pública, se reduce porque va a tener que pagar una tasa de interés mayor, por lo tanto desplaza presupuesto hacia el servicio de la deuda. Lo más importante y lo más directo es que cuando el Gobierno emite bonos, levanta financiamiento en los mercados de capitales, ese costo se ve incrementado y cuando emite deuda, el costo de financiamiento del Estado es el más bajo del país, no hay ninguna otra emisión que tenga un costo menor.
Entonces, cuando se incrementa ese costo, eso tiene una implicancia para todo el país, para las empresas que van a buscar el financiamiento a largo plazo a través de emisión de bonos, en general para todo el país, y eso lo que produce es que hace mucho más caro financiar la inversión a todo nivel; entonces, eso nos pone en un tope a cuánto podemos crecer, porque el costo de la inversión constituye un factor que o acelera o facilita la inversión o le puede poner un costo adicional a un país que ha devenido muy inestable o muy impredecible a los ojos de los inversionistas.
Mencionabas al inicio que son tres las calificadores de riesgo, S&P es una de ellas, ¿podrías contarnos cuáles son las otras dos y qué podemos esperar de la decisión de estas otras dos?
Usualmente van en tándem. Hay una secuencia, una que marca la pauta y luego le siguen las otras usualmente. Pero en el caso nuestro hay algunos factores que emitían esa reducción. Yo creo que uno es el hecho que pese a todo el tema político nuestros fundamentos macroeconómicos son muy sólidos. Tenemos un nivel de endeudamiento con respecto a nuestro producto muy bajo, de los más bajos de América Latina, que es el indicador clave para medir solvencia.
Lo segundo es que el precio del cobre está bastante alto y eso es fundamental porque asegura ingresos adicionales para el fisco. Eso va a ayudar a probablemente hacer más lenta cualquier tipo de decisión. Usualmente las tres operan bajo los mismos parámetros de uniformizar su visión respecto al país y no hay nada que indique que en el corto plazo lo que gatilló la reducción de esta agencia vaya a cambiar. Muy por el contrario, a medida que se vaya acercando el proceso electoral, las presiones populistas, la debilidad del Gobierno se va a acentuar y eso va a significar que se vea complicada la imagen y la percepción de riesgo del país, medido por la calificación crediticia.
¿Todo lo que está sucediendo en torno al señor Carlos Oliva podría también haber sido tomado en cuenta de manera indirecta por S&P para rebajar la calificación?
Yo creo que es un agravante, no creo que sea lo central, pero cuando uno habla de la institucionalidad fiscal, uno habla de cumplimiento de las reglas fiscales, de la capacidad del MEF de imprimir racionalidad y que pueda hacer valer su opinión técnica cuando se presentan proyectos que tienen problemas. Tiene que ver con la capacidad del Consejo Fiscal de actuar diligentemente al advertir riesgos y que se tomen en cuenta sus opiniones, y hemos visto que en todos estos tres casos lamentablemente ha habido un debilitamiento notorio. Ustedes le dedicaron un editorial a este tema en El Comercio, al igual que muchos otros medios de comunicación. Entonces, esto creo que influye porque lo que se está viendo es algo muy delicado que es la intromisión política en temas estrictamente técnicos.
El Consejo Fiscal se creó como una instancia no vinculante de advertir riesgos y desviaciones en la política fiscal, rol que hace años tenía el Banco Central de cierta forma, y el hecho de haber interferido en su funcionamiento y politizado, creo que eso afecta. Cuando se creó el Consejo Fiscal hace trece años, ese mismo año y lo recuerdo porque yo era ministro de Economía, nos dieron una mejora en la calificación crediticia porque interpretaban una mejora en la institucionalidad fiscal del país. Entonces, ahora está ocurriendo una erosión de esa institucionalidad que evidentemente hace prever que se vienen tiempos más complejos de contención del gasto público, de la voracidad de los congresistas y menos disciplina respecto al manejo de las cuentas fiscales.
Su opinión sobre lo que pudo ver en el borrador del proyecto de facultades legislativas que enviará el Ejecutivo al Congreso
Lo que yo rescato es que se sigue intentando dar un acompañamiento a los proyectos de inversión, especialmente a los de Asociación Público-Privada, dándole un rol mayor a Proinversión y encarar problemas que impiden que los proyectos se den, en términos de saneamientos de predios, de facilitación de permisos ambientales, etcétera. Entonces, creo que son medidas positivas. Mi preocupación es que no nos conformemos solamente en aprobar normas, el problema en el Perú está en la ejecución de ese marco normativo y en la toma de decisiones que sigue muy lenta. Entonces, creo que habrá otra ocasión de comentar una vez que esto se presente al Congreso.
