"Este endeudamiento lo va cubrir la concesionaria porque el contrato es entre el gobierno regional y la concesionaria”, dijo la congresista Rosario Paredes, autora de la iniciativa. (Foto: GEC)
"Este endeudamiento lo va cubrir la concesionaria porque el contrato es entre el gobierno regional y la concesionaria”, dijo la congresista Rosario Paredes, autora de la iniciativa. (Foto: GEC)
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Redacción EC
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El Pleno del de la República aprobó con 60 votos a favor el proyecto de ley que permitirá otorgar o contratar garantías soberanas para el desarrollo de la segunda etapa del proyecto de irrigación , ubicado en Arequipa.

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El , que modifica el artículo 5 del Decreto de Urgencia (D.U.) 016-2019, norma para el endeudamiento del sector público para el año fiscal 2020, busca destrabar la obra retrasada por más de 10 años que iba a ser ejecutada a través de una asociación público-privada.

El proyecto autoriza al Gobierno nacional a otorgar o contratar garantías para respaldar las obligaciones derivadas de los procesos de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas, incluyendo sus modificaciones contractuales, hasta por un monto que no exceda de US$ 987 millones.

La propuesta del Parlamento incluye que se faculte al Gobierno a ampliar el monto de la garantía soberana prevista en el “Contrato de Concesión, Construcción, Operación y Mantenimiento de Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para irrigación de las Pampas Siguas”, con el objeto de asegurar los pagos correspondientes a la inversión adicional a ser incorporada en la décimo tercera modificación contractual presentada por el Gobierno Regional de Arequipa.

“No existe el marco legal para el otorgamiento de garantías soberanas. Este endeudamiento lo va cubrir la concesionaria porque el contrato es entre el gobierno regional y la concesionaria”, dijo la congresista Rosario Paredes, autora de la iniciativa.

A su turno, Diethell Columbus, de Fuerza Popular, cuestionó que en el dictamen no hayan opiniones técnicas del Ministerio de Agricultura (Minagri) ni del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “La propuesta podría ser observada y además podría tener visos de inconstitucionalidad”, acotó.

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