La expectativa sobre los anuncios económicos del presidente Martín Vizcarra era alta, y sobre todo en materia de reactivación de infraestructura. Entre las novedades que hubo en este ámbito, el mandatario destacó que las líneas 3 y 4 del metro de Lima y la Carretera Central –dos proyectos que llevan varios años de retraso, idas y venidas– serán ejecutadas a través de la modalidad de gobierno a gobierno; y a estos se suman 75 colegios (S/3.000 mlls.), 44 hospitales y centros de salud (S/3.000 mlls.) y 24 obras de saneamiento y agua potable (S/5.000 mlls.), que también serán ejecutados bajo dicha modalidad.
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El presidente no dio detalles sobre plazos ni cómo planean programar los procesos que deben ejecutar. Desde el MTC, se indicó a este Diario que ello se definirá en las próximas semanas.
En el caso de las líneas 3 y 4 del metro, cuya viabilidad aún está siendo analizada por la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y El Callao (ATU), el mandatario indicó que la inversión asciende a S/30.000 millones, aunque el estimado anterior de Proinversión -que antes tenía en cartera las obras- ascendía a US$10.800 millones para ambos proyectos.
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Al mismo tiempo, ambas obras ya se encontraban en el vaivén entre ser iniciativas cofinanciadas (construidas en concesión con el sector privado) o bajo la modalidad de obra pública. En este caso, se ha seguido la segunda ruta bajo un esquema G2G (gobierno a gobierno por sus siglas en inglés).
Para Roberto Urrunaga, director de la Escuela de Postgrado de la UP, la mención de proyectos en el mensaje de la nación fue pobre. No obstante ello, considera positivo que las líneas 3 y 4 se manejen con el esquema de gobierno a gobierno, siempre y cuando se cree una oficina de administración con PMO (Project Manager Officer). “La idea de hacerlo en ese esquema es que se pueda manejar más rápidamente el proceso”, señala.
Camilo Carrillo, economista del Consejo Privado de Competitividad, coincide con ello y añade que espera que cualquiera de estas obras anunciadas como procesos de gobierno a gobierno, y sobre todo las líneas de metro, vayan acompañadas de un proceso público-privado (APP) para su operación y mantenimiento.
“No creo que el Estado tenga la capacidad de operar el sistema de la línea del metro. Tendría que ir en paralelo con un proceso de la operatividad del sistema”, indica.
De otro lado, el exministro de Economía Alonso Segura considera que es irresponsable anunciar el uso de este esquema masivamente, pues puede implicar que el Estado asuma riesgos más adelante por las obras concretadas y que no haya un responsable. A ello, añade que es cuestionable el espacio fiscal que pueda existir para llevar a cabo los proyectos en simultáneo.
“El primer problema de este esquema es que toda la plata contra ejecución la pone en el momento el Estado peruano. Con todo lo que tiene que hacer por la crisis del COVID-19, ¿tiene S/30.000 millones para meter en cinco años en dos nuevos proyectos? ¿Tiene para financiar contra ejecución inmediata? No lo tiene, pero además no tenemos un marco macroeconómico vigente, no tenemos proyecciones fiscales y por eso se pueden permitir decir estas cosas. Al final saben que al que le reventará en la cara es el siguiente gobierno cuando vean que esto es incompatible con la trayectoria fiscal del Perú”, considera Segura.
Con respecto a los riegos que asumiría el Estado, aclara que estos se percibirían en el diseño constructivo de la obra. “Si luego licitas la operación de mantenimiento, esos riesgos en el diseño constructivo se los tiene que cargar el Estado. Luego habrá controversia si falló el metro con el concesionario que se encargue de mantenerlo”, acota el exministro.
Los tres especialistas coinciden en que la construcción de la obra, con suerte, podría iniciar recién el 2023.
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“Diría 2023 [para que se empiece la construcción de la Línea 3], porque en el 2021 sería el contrato con el Gobierno si es que esto avanza bien, el 2022 son los estudios ambientales y de ingeniería, y luego llegas al 2023. Hasta esa fecha claramente tienes que hacer algo. Tienes el primer grupo de aeropuertos en el norte, US$800 millones por ser aprobados con estudios técnicos que tiene el MTC; y si los apruebas, inyectas ya ese dinero para hacerlos. Esa magnitud de inversión no debería esperar hasta el 2023”, puntualiza Carrillo.
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