Alejandro Falla

Vivimos tiempos difíciles. El precio del combustible y los principales alimentos han subido. Los políticos están nerviosos. Su popularidad está directamente relacionada con el precio del pan, el pollo y el combustible. Si el precio sube, su popularidad (ya alicaída) baja. Por eso vemos a un presidente apurado por desmarcarse de la situación señalando que no es culpa de su gobierno (¿desgobierno?), sino de la guerra en Ucrania.

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En esta coyuntura, la tentación por salidas rápidas e ineficaces es muy alta. Regular precios o exonerar impuestos permite a los políticos dar la imagen que están haciendo algo con el problema. Nadie está libre de caer en la tentación. Ocurre hasta en las “mejores familias”. La administración Biden está buscando eliminar temporalmente la aplicación de impuestos federales a los combustibles. Este tipo de intervenciones no solo no ayudan a resolver nada, sino que engendran otros problemas.

Basta ver lo que sucedió con la cacareada exoneración del IGV a productos básicos y del ISC a los combustibles. No sirvió de nada. Los precios han seguido subiendo. Solo se han dilapidado recursos de los contribuyentes y beneficiado a quienes no lo necesitan.

En el camino, forzaron al Indecopi para hacer algo para lo que no fue creado: supervisar el traslado de las exoneraciones tributarias en los precios al consumidor. Vimos a sus funcionarios visitando grifos o convocando a empresarios a reuniones para hacerles sentir que los están vigilando. Nada diferente a lo que hacía un “policía municipal” en los ochenta cuando existía un régimen de control de precios. La intervención directa del Estado en el mercado para “regular” los precios –colocando grifos de Petro-Perú en todos lados, por ejemplo– tampoco parece muy inteligente. Dejando de lado las restricciones legales para implementar estas estrategias, se trata de medidas costosas, de cuestionable eficacia y que tarde o temprano terminan engendrando actos de corrupción.

Apostar por un esquema de subsidios directos (bonos alimentarios) para evitar el hambre de algunos peruanos parece necesario. Lamentablemente, hemos roto el chanchito tantas veces en los últimos dos años que va quedando poco para gastar. Confiar solo en este tipo de subsidio para superar el problema no parece sensato. Además, a la gente no le gusta que le regalen las cosas. ¡Quieren chamba o, al menos, que le permitan crearse una! Un eje central de la política contra el hambre debería considerar la eliminación de regulaciones absurdas que hacen difícil o costoso que la gente construya su propio trabajo. Seguimos llenos de “microrregulaciones” que no solo encarecen injustificadamente el ingreso o permanencia en el mercado, sino sobre todo son ocasión para el chantaje y la prepotencia de malos funcionarios. Quitarle carretilla y frutas a un ambulante por no respetar una regulación absurda podría condenar al hambre incluso a alguien que recibió un bono. Esto puede y debe evitarse. ¿Qué se está haciendo al respecto?