MEF sobre Ley Agraria: “Estos beneficios [tributarios] no pueden ser eternos”

Tras la derogación de la Ley de Promoción Agraria, que se oficializó ayer, el Congreso estableció una comisión para crear un nuevo marco legal del sector. El congresista Juan Carlos Oyola, quien preside este grupo de trabajo, dijo que esperan tener un texto consensuado en siete días. Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas (MEF), comenta a El Comercio que estos días serán decisivos.

— ¿Cómo fue la conversación con los parlamentarios antes de que tomaran la decisión de derogar la Ley de Promoción Agraria en su totalidad? ¿Estuvieron de acuerdo con la decisión final?

Una de mis gratas impresiones en mis visitas al Congreso es el conocerlos, entenderlos. He descubierto que los congresistas son más abiertos de lo que la opinión pública pensaba. El viernes, tuvimos una larga conversación, muy alturada, y abordamos los componentes de la ley. Desde el punto de vista del componente tributario, el MEF tiene un principio desde hace mucho tiempo y está expresado en una opinión que hizo este MEF hace un año. La política fiscal no debiera hacerse a través de las exoneraciones, sino a través del gasto público y los tributos. Mi antecesora opinó que por principio el MEF no está de acuerdo con las exoneraciones tributarias. La exoneraciones para el sector de agroexportación se dieron en el 2000, tuvieron algunos cambios en los últimos años. Desde el punto de vista de sus resultados es imposible decir que no los tuvo. Exportamos a principios de este siglo como US$400 millones y exportamos ahora como US$6.000 mlls. No hay manera de decir que la política no ha sido exitosa. [No obstante], como principio el MEF está de acuerdo con ir reduciendo estas exoneraciones, y, como principio también, estos beneficios no pueden ser eternos.

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— ¿En su opinión, la tasa reducida del Impuesto a la Renta (IR) de 15% para el sector se expandió mucho tiempo?

Con la norma aprobada [en el 2019] se podría haber precisado un tránsito hacia la normalidad un poco más rápido. En tema de Impuesto a la renta, por ejemplo, quedó congelado. Me hubiera gustado una gradualidad [a la normalidad]. [En el caso de] Essalud, sí lo pusieron. Ahí sí hay un tránsito. Pero en la coyuntura, con COVID-19 y una economía que se cae, lo que expliqué a los congresistas es que no nos parece oportuno que esos impuestos se deroguen [modifiquen] para subirlos mañana.

Desde la política macroeconómica, nosotros pediríamos una gradualidad [para eliminar] estos beneficios tributarios. Por principio de una política fiscal sana, me parece que hay que fijar un fin del beneficio tributario. ¿En cuánto tiempo? Ese es un tema que hay discutirlo técnicamente. No es el momento para eliminar esos beneficios tributarios, por la situación por la que estamos atravesando. Pero por principio, esos beneficios, por definición, son temporales.

“Lo que expliqué a los congresistas es que no nos parece oportuno que esos impuestos se deroguen para subirlos mañana”.

— ¿Cuál es su opinión sobre el ámbito laboral?

Es complejo. El Ministerio de Trabajo es el que está abordando eso. Pero como principio general, la temporalidad es lo que hay que defender.

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— Esa temporalidad existe en el régimen general.

Eso dicen los entendidos. Sería deseable que, de alguna manera, se garantice eso. Siempre hay que ver los temas desde el punto de vista del trabajador y desde el punto de vista del empresario. Si al empresario le dices que tiene que contratar por 12 meses y trabaja tres meses al año, no va a contratar. Es un tema tan elemental como ese.

— Si bien nos menciona la importancia de la temporalidad en la parte laboral de la norma, la propuesta que el Ejecutivo envío sí contemplaba derogar dicho capítulo.

Sí, eso lo explicó el ministro de trabajo. Era en realidad una derogación de algunos elementos un poco formales. El hecho de que la CTS se divida en 12 meses versus la CTS en el primer y segundo semestre. Se [planteó derogar] esa parte, pero lo que dije en Consejo de Ministros fue que nos parecía que ese no era el tema grande en discusión. Los trabajadores en realidad observan que sus salarios no han crecido al ritmo que quisieran y están buscando algún mecanismo por el cual recibir más ingresos. Ese es el mecanismo que todavía no hemos descubierto, porque derogando la ley no está.

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— Más allá de la apertura de los parlamentarios, ¿el Congreso entiende al MEF?

Posiblemente, influenciamos desde el Gobierno en la decisión de no solo derogar la norma, porque hubiera habido mucha incertidumbre. La población trabajadora y los empresarios van a estar a la expectativa de en qué va a terminar esa ley. Algo que debería explicarse a los trabajadores es cómo estos cambios los van a beneficiar; cuál es el canal de transmisión a través del cual la derogatoria explica que puedan aumentar los sueldos. Esa parte yo no la he entendido. Los salarios y el empleo dependen de quienes buscan trabajo y quiénes dan trabajo. Si la decisión afecta fuertemente a los de un lado, van a necesitar menos trabajadores. Por lo tanto, la situación laboral podría empeorar. Ese es un tema que intenté persuadir en el Congreso: entender el funcionamiento del mercado laboral. Cuando uno legisla solo por un lado, estamos en un problema. Hay que legislar escuchando ambos.

— Si no se llega a buen puerto, ¿cómo podría afectar a la la competitividad del sector y a la economía?

Habría que hacer números. Las grandes empresas van a seguir operando, van a seguir exportando, [pero] las inversiones que hubiesen estado planificando para este sector que ha sido el más dinámico en los últimos 10 o 15 años, podrían verse afectadas. Los inversionistas necesitan saber cómo van a estar los próximos 20 años.

— ¿Cómo puede afectar las inversiones el cambio de las reglas de juego?

La inversión fluye cuando hay estabilidad macroeconómica y social. En una de esas, la ley que sale afecta un poco a un lado y tranquiliza al otro lado. Yo no creo en esa idea de que hay unos que están impulsando, empujando a estas personas. Yo creo que hay un problema acá. Hay que detectarlo, estudiarlo, y entenderlo.

— ¿Ve que hay esa posibilidad de escuchar en el Congreso sobre los aspectos técnicos que advierten desde lo laboral y tributario?

Estos días son decisivos. Esperemos persuadir a la opinión pública, a los trabajadores, a los congresistas, de que escuchando solo a un lado, pueden hacerle más daño a los del otro lado. Ese es un gran problema. Lo que he obtenido es un diálogo alturado; encontré mucho conocimiento del sector en muchos de los congresistas. Muchos de ellos son agricultores, y los que defienden las protestas también tienen un interés genuino.

—Exoneraciones tributarias—

— Respecto a las exoneraciones, hace unos meses el Congreso también debatió eliminar las que tienen las instituciones educativas privadas. ¿Ven que sea un momento para evaluar eliminar estas y otras que benefician a diversas entidades?

Mi primera impresión en borrador es que hay que analizar una por una. Lo que tengo claro es que no se deben crear más exoneraciones. Como lo demuestra la experiencia, después de crearlas, privarnos de ellas es casi imposible. Pero en esas exoneraciones, que son un montón, que son casi 2% o 3% del PBI, [hay que verlas] caso por caso.

—¿No se piensa tocar el tema de exoneraciones en su gestión?

Yo creo que eso no le corresponde a un gobierno de transición. Son discusiones grandes que vienen de décadas, así que nuestra tarea es más limitada. Nuestros objetivos ahora son levantar esta economía que está por los suelos; dejar el ámbito fiscal ordenado para el siguiente gobierno; y, como lo ha expresado el presidente y la presidenta del Consejo de Ministros, garantizar unas elecciones sanas, ver el tema de la salud, y actuar contra la corrupción.

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