De cada S/100 asignados para orden público y seguridad, se gasta solo S/0,50 en combatir la minería ilegal

Las economías ilegales vienen ganado terreno en el Perú, agravando sus impactos negativos en las personas, la seguridad interna y la institucionalidad. Actividades como la minería ilegal y el narcotráfico han avanzado sin que se destinen mayores recursos para combatirlas. El combate a las economías ilegales debe ser una prioridad, así como enfrentar las debilidades institucionales que complican esta tarea.

En 2021, un estudio de Valdés, Basombrío y Dante estimó que estas actividades generaban al menos US$7.500 millones anuales.

Recientemente, el exministro del Interior Carlos Basombrío señaló que podrían estar generando alrededor de US$9.800 millones al año, lo que equivale al 3,7% del PBI de 2023.

Esta cifra supera la contribución del turismo (2,9%) y se acerca a la del sector financiero (4,2%).

Cerca del 40% del valor de las economías ilegales proviene de la minería ilegal de oro. Según el IPE, las exportaciones de oro ilegal, favorecidas por los altos precios de los metales, alcanzaron un valor de US$4.800 millones el último año.

Esto equivale a más de 77 toneladas de oro ilegal, casi siete veces que lo registrado hace 20 años. Para el 2024, el IPE calcula preliminarmente que este volumen podría llegar a 90 toneladas.

“La impunidad sobre estas actividades erosiona la confianza en las instituciones”.

Pese a ello, los recursos destinados a combatir esta actividad ilícita han disminuido 34% en términos reales desde el 2019. Ese año, el presupuesto del programa presupuestal “Reducción de la minería ilegal” alcanzó un máximo de S/122 millones, en el marco de la Operación Mercurio. Sin embargo, para el 2024, este presupuesto se ha reducido a S/81 millones.

Así, de cada S/100 del presupuesto total asignado para orden público y seguridad, se gasta solo S/0,50 en combatir la minería ilegal.

El narcotráfico es otra economía ilegal en expansión. Según Devida, la superficie de cultivos de coca se ha más que duplicado en la última década, pasando de 40 mil a 93 mil hectáreas (has.) entre 2015 y 2023, revirtiendo 28 años de esfuerzos en la erradicación de estos cultivos.

Además, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD), la productividad de los cultivos casi se ha duplicado en los últimos 30 años, pasando de 1,34 a 2,36 toneladas por hectárea entre 1993 y 2023, gracias al uso de agroquímicos y riego tecnificado. Según especialistas, el Valle del Vraem, que concentra más del 40% de los cultivos ilícitos de hoja de coca, es la zona que ha logrado una mayor tecnificación. Esta productividad alcanza también la conversión de coca a pasta básica de cocaína (PBC), donde ahora se requieren solo 240 kg. de coca para producir 1 kg de PBC, 30% menos que antes.

A pesar de este aumento, los esfuerzos de erradicación y control han disminuido. En los últimos 10 años, el presupuesto destinado a los programas presupuestales “Reducción del tráfico ilícito de drogas” y “Gestión integrada y efectiva del control de drogas en el Perú” cayó 10% en términos reales, y las áreas erradicadas anualmente se redujeron de 30 mil has. en promedio en el periodo 2014-2017 a 17 mil has. entre 2021 y 2023.

Según el Banco Mundial, en los espacios dominados por economías ilegales, estas actividades pueden incluso capturar al Estado, moldeando políticas y regulaciones a su favor. Esto agrava la criminalidad, la corrupción y el lavado de activos, lo que dificulta la creación de un marco legal que promueva el desarrollo sostenible. Así, la impunidad sobre estas actividades erosiona la confianza en las instituciones.

Un reflejo de esto es el retroceso de Perú en el ranking global de percepción de corrupción, pasando del puesto 96 al 121 entre 2017 y 2023.

La lucha contra la corrupción y las economías ilegales debe ser una prioridad en el Perú. Una primera señal concreta de un serio compromiso en esa lucha debe ser el fortalecimiento presupuestal y el establecimiento de metas ambiciosas de erradicación y control. Ello considerando que el presupuesto para combatir minería ilegal y drogas se redujo 21% en términos reales desde 2019.