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El Perú ha vuelto a ser admitido en el seno de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés), alianza global que reúne a gobiernos, empresas y agrupaciones civiles comprometidos con la gestión responsable de los recursos mineros y energéticos.
Esto, después de dos suspensiones seguidas en los gobiernos de Pedro Castillo (abril de 2022) y de Dina Boluarte (febrero de 2024), debido a demoras en la publicación de los informes de transparencia que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) debe presentar de manera periódica.
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La nueva administración del Minem busca, sin embargo, recuperar el tiempo perdido.
Es así que en mayo de este año el ministerio cumplió con entregar no solo el informe del 2021 (que adeudaba) sino también el del 2022; y para este año se propone entregar el correspondiente al 2023.
“Nuestra meta es entregar el informe de transparencia del 2023 en octubre de este año, y entregar el del 2024 en el 2025″, señaló Iris Cárdenas, viceministra de Hidrocarburos y coordinadora nacional del EITI.
Como consecuencia de ello, el Consejo Internacional del EITI acordó levantar la suspensión que pesaba sobre el Perú desde el pasado 29 de febrero.
Carta del Consejo Internacional del EITI al gobierno peruano, anunciando el levantamiento de la suspensión temporal de nuestro país.
“Felicitamos a EITI Perú y al Grupo Multipartícipe por los esfuerzos realizados para levantar esta suspensión temporal”, manifestó Mark Robinson, director ejecutivo del EITI, en una misiva remitida al gobierno peruano.
El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, indicó que, con esto, el Perú ha recuperado su condición de país cumplidor del EITI, plataforma en el cual participan países de todo el mundo y que es “el soporte fundamental para la meta que tenemos como país de ser miembros del OCDE”.
“Somos conscientes de que ahora se inicia el fortalecimiento de otro proceso importante para el EITI, el cuál es la difusión de esta importante información, no solamente en nuestra capital, sino en las regiones para que la población sepa cómo y en qué se destinan los recursos públicos como el canon, el sobrecanon y las regalías”, explicó el ministro.
La iniciativa EITI permite divulgar, efectivamente, los pagos que las empresas mineras y de hidrocarburos realizan al gobierno peruano, con el detalle de su distribución y contribución económica y social.
Los conceptos que son materia de conciliación en el informe son ocho: Impuesto a la Renta de tercera categoría, Impuesto Especial a la Minería, Gravamen Especial a la Minería, regalías mineras, regalías petroleras y gasíferas, derecho de vigencia, regalías contractuales y aportes por regulación.
EMPRESAS Y GOBIERNOS
Cabe señalar que la participación de las empresas extractivas en los informes EITI es voluntaria. En el Noveno Informe del Perú, correspondiente a los años 2021 y 2022, participaron 51 compañías, 34 del sector minero y 17 del sector hidrocarburos.
Participación de las empresas extractivas peruanas en el EITI.
A la iniciativa también se han sumado siete gobiernos regionales: Piura, Loreto, Cajamarca, La Libertad, Apurímac, Ancash, Arequipa y Moquegua. Está en camino el Cusco,
Genera Ugarte, representante de la Mesa de Concertación de la Lucha Contra la Pobreza, manifestó que la adscripción al EITI no debería de ser voluntaria sino obligatoria, particularmente, para los gobiernos sub-nacionales porque no se conoce muchas veces en qué gastan estos las rentas generadas por la minería.
“Es importante conocer también la calidad del gasto, pero también que estos recursos se inviertan en lo que se requiere”, coincidió Domingo Drago, presidente del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
El representante gremial destacó el compromiso y voluntad de las empresas asociadas a la SNMPE que han brindado información voluntaria para la realización del informe EITI.
Refirió que esto se puede comprobar con el nivel de representatividad que tiene el reporte: 89,37% del valor de la producción en el caso del sector minero y de más del 98% con relación a la industria de hidrocarburos.
