Son cerca de 3 mil las entidades que conforman el sector público peruano y más de 1 millón 400 mil las personas que trabajan en ellas. Bajo diferentes regímenes y condiciones laborales, la administración de esta planilla se ha tornado complicada y ha dado paso a un desorden que el Ejecutivo busca solucionar desde el 2019.
Es así que en el ejercicio del Presupuesto Público 2019 se estimó que existen S/ 2.000 millones que se destinan para el pago de planilla de trabajadores públicos que no tienen sustento y lo que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas es realizar mesas de trabajo con las diferentes entidades para justificar dichos montos.
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Es el mismo despacho el que confirmó a El Comercio que dicho monto, a enero del 2020, no se ha reducido significativamente y sigue siendo sustancial. “En el 2019, los montos sin sustento fueron de S/ 2.003 millones, monto que se calcula con datos al cierre de julio del 2018. Para el año 2020, aún se mantienen recursos que no se sustentan por un monto de S/ 1.872 millones (entre planilla y pensiones), con cifras al cierre de junio del 2019. Cabe precisar que ambos montos sin sustento para el 2019 y 2020 son de naturaleza anual”, agrega.
El referido ministerio confía en disminuir el monto de los recursos sin sustento debido a que las entidades vienen actualizándolo de manera progresiva en el aplicativo informático de planillas.
NATURALEZA DE LOS GASTOS
El presidente de la Autoridad del Servicio Civil, Juan José Martínez, comentó que el problema surgió al detectarse que año a año la planilla aumentaba en 40 mil personas. Esto conllevó a tener un costo en dicho rubro de S/ 50 mil millones, lo cual representa entre el 6% y el 7% del PBI. “Lo que hemos descubierto como Ejecutivo, Presidencia del Consejo de Ministros y Servir es que no tenemos información completa”, reconoce Martínez.
Para dar un ejemplo, el presidente de Servir comenta que se detectó el caso de un trabajador que de cada S/100 que percibía, solo S/ 20 estaban sustentados en planilla. “El resto están por negociaciones colectivas, bonificaciones, supuestas condiciones de trabajo. Y esas cosas deben ordenarse”, aseveró.
Lo que se corroboró, en palabras de Martínez, es que las entidades “utilizaban montos de su presupuesto” para cumplir con laudos arbitrales, que son obligaciones que mantiene la entidad pública con sus trabajadores en el marco de un pliego de reclamos. “Por ejemplo, en el caso de Reniec, ellos ganan un determinado monto por planilla y cuando les congelaron algunas partidas hasta tener el sustento de las mismas, no tuvieron dinero y no cumplieron con laudos arbitrales”, aseveró.
Junto a las reuniones con las entidades públicas, el Gobierno publicó dos decretos de urgencia que buscan dar orden a la planilla pública regulando la negociación colectiva e implementando recomendaciones del Tribunal Constitucional para la reposición.