A tres semanas de terminar el año, el Ministerio del Interior (Mininter) registra un avance de 47,4% en el gasto de su presupuesto del 2020 destinado a proyectos, que es de S/395 millones.
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El promedio del Gobierno Central es de 51,6%. Pero existen ministerios con mayores avances. El de Vivienda, con casi S/1.100 millones, anota uno de 58,2%.
De las 10 unidades ejecutoras en el Mininter, siete anotan un nivel de ejecución por debajo del promedio de la cartera. El monto total que comprenden entre éstas asciende a S/186,3 millones, equivalente a poco más del 47% del total de recursos.
El pliego con mayor presupuesto es la Oficina General de Infraestructura del Mininter, que cuenta con el 42% del total.
Entre los cinco proyectos con mayores recursos pareciera que la figura es positiva: se tiene un avance mayor al 83%. Pero el cuarto mayor proyecto de inversión, cuyo presupuesto es mayor a los S/10 millones, no supera el 1% de avance.
FACTORES
El Mininter explicó a El Comercio que la ejecución se ha afectado por el retraso en la realización de procesos de contratación, demoras en la culminación de expedientes técnicos, paralización de obras, entre otros por la COVID-19.
Asimismo, estimaron que al cierre de este año alcanzarían una ejecución del 63,6% de total de su presupuesto, que equivale a S/275,6 millones.
Para Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública del Mininter, otro factor que explicaría esta desaceleración en el avance de la ejecución es el impacto de la corrupción descubierta, enmarcados en los gastos para la protección del personal ante el COVID-19.
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“El freno en buena parte de los proyectos de inversión encuentra razón en los efectos de haberse descubierto la corrupción que había. Entre marzo y abril, 13 generales pasaron a ser investigados, estando uno de ellos en cárcel”, dijo.
Valdés acotó que otro motivo de este nivel de gasto es la alta rotación interna de personal administrativo, producto de los cambios de los ministros.
“Siete ministros en este año no es poca cosa. Cada uno llega con su equipo y la instalación demora. Al factor de la corrupción se le sumó esta crisis institucional para frenar la posibilidad de hacer más inversiones”, dijo.
Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la PUCP, agregó que este sector no ha tenido tradicionalmente un buen desempeño. Esto, explicado en que las capacidades administrativas que corresponden a contrataciones no son suficientes.
“Se tiene que el personal policial no está capacitado en gestión pública. Pero, de otro lado, los civiles no tienen los conocimientos que los policías sí”, explicó.
MEDIDAS
Ausejo consideró que la mejor opción bajo este escenario es capacitar a los policías en esta materia, debido a las especificaciones técnicas que se requieren para los procesos.
“Una cosa es comprar una hoja bond y otra muy distinta adquirir bombas lacrimógenas. El encargado de estos procesos tiene que tener un amplio conocimiento. Es más fácil hacer que un policía aprenda a comprar. Otra opción es que desde su formación básica se les brinde conocimientos en sistemas administrativos de abastecimiento y de inversiones”, refirió.
En contraparte, para Valdés la alternativa de solución en el corto plazo sería inclinarse por la contratación de gerentes especializados en contrataciones.
“Las especificaciones técnicas pueden darse por los miembros de la policía que conformen esos grupos de trabajo. Pero el proceso por sí requiere de un gerente especializado, que tengan la experiencia requerida”, comentó.
“Para el mediano plazo podría evaluarse que, así como los policías se asimilan de médicos y abogados, también lo hagan como especialistas en gestión pública”, complementó.
En tanto, César Fuentes, director de la maestría en Gestión Pública de ESAN, dijo que el Ministerio de Economía y Finanzas debe extender la ayuda técnica que viene brindando a los gobiernos subnacionales a los funcionarios del Gobierno Central.
“No se trata de solo un curso, sino de que hay funcionarios que no tienen ningún concepto básico de gestión pública”, señaló-
Agregó que, además del indicador de eficacia en el gasto, debe evaluarse la eficiencia y la calidad de la inversión.
“Uno de los problemas es que el criterio que se maneja en los ministerios es de eficacia, pero se debe avanzar más en términos de eficiencia y de calidad del servicio”.
Así, Fuentes consideró que también se debe empezar a trabajar en la evaluación luego de concretadas las inversiones, pues es de relevancia conocer el valor que se genera.
De otro lado, a diferencia del resultado en el avance del gasto de este año y del anotado entre el 2016 y 2018 (que bordea el 50%), en el 2019 se gastaron S/826,3 millones, lo que es equivalente al 94,8% del presupuesto de dicho año.
Valdés explicó que este resultado respondería a un efecto de desembalse. “Se tratarían de inversiones que se iniciaron en años previos y finalizaron en el 2019”, acotó.
PERÚ SEGURO 2025
La tercera unidad ejecutora con el menor avance del gasto es Perú Seguro 2025, que busca mejorar los servicios de prevención del delito en la población más vulnerable al crimen y la violencia.
Su presupuesto es de casi S/40 millones, pero su avance es de 12,1%.
Valdés explicó que esta evolución respondería a que este tipo de programas requieren la coordinación con otras entidades para su despliegue y por la pandemia ello se ha dificultado.
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