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Luego de que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunciara que el Gobierno iniciaría el proceso de cierre de actividades de cuatro mineras en Ayacucho, diversos gremios expresaron sus discrepancias respecto a la medida.
La principal polémica sería que esta decisión impediría que las empresas mineras Ares, encargada de las exploraciones de Pallancanta e Inmaculada; South America Mining Investment (Sami), encargada de la minera Breapampa; y Aruntani S.A.C., de la mina Apumayo, puedan solicitar el cambio de su plan de cierre, según indica la ley.
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“Creemos que la declaración de la ministra afecta el Estado de derecho. La única manera en la que una empresa minera puede invertir en el Perú es sabiendo que puede modificar su plan de cierre en el tiempo, cumpliendo todos los requisitos ambientales y regulatorios”, advierte Aldo Defilippi, presidente de la Asociación de Cámaras Binacionales del Perú.
📰 Compartimos el siguiente comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros. pic.twitter.com/Z0dMVbJAft
— Consejo de Ministros (@pcmperu) November 20, 2021
“Entonces, una autoridad por razones políticas, y que no es la autoridad competente, le priva la opción de cambiar su plan de cierre sin pasar por el proceso administrativo correspondiente. Entonces, la situación es de total desconcierto”, remarca. Agregó que, en su opinión, el gobierno debería centrar sus esfuerzos en combatir la minería ilegal.
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Asimismo, la postura de Vásquez contradice los objetivos del Ejecutivo respecto a la inversión privada, planteados por el presidente Castillo a lo largo de los últimos meses.
“El presidente dijo que se necesitan inversiones y eso no va con lo que la primera ministra ordena. Era una decisión unilateral y que perjudicaba gravemente sobre el aspecto de la propiedad. La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) desde que entró este Gobierno ha declarado que no estábamos de acuerdo con las expropiaciones de ningún tipo de empresa o de sector”, afirma Ricardo Márquez, presidente de la SNI.
Márquez añadió que él, junto a otros representantes gremiales, se reunió la semana pasada con el presidente Castillo en su despacho. En dicha conversación, el presidente les reafirmó que buscaría reunirse con otros gremios de distintos sectores para poder trabajar en conjunto. “Nuestra preocupación era que el presidente pueda conocer a todos los gremios [...] Él está totalmente de acuerdo con eso, pero ha venido este impasse que es grave. Nosotros esperamos en los próximos días seguir coordinando para ver cómo se realizan estas reuniones”, detalló.
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Sin embargo, ambos coincidieron en que los mensajes que brindaron tanto el presidente como el Ministerio de Energía y Minas en los últimos días, dan a entender que finalmente el cierre de las mineras no se dará, al menos bajo los términos descritos por Vásquez. Cabe recordar que Castillo señaló en Arequipa que “no ha existido ni existirán decisiones unilaterales ni arbitrarias [en Perú]”, en referencia al anuncio de la presidenta del Consejo de Ministros.
“Deben llevarse a cabo [las reuniones con los representantes de las minas], deben respetarse los contratos y los consensos. Es importante que el presidente aclarara el tema, porque ha habido una desinformación por desconocimiento de cómo es el plan de cierres de las minas”, afirma Defilippi.
“A mi criterio ya pasó este impase, porque cuando nos dicen que las minas tienen permiso para renovar [su plan de cierre], de eso se trata”, considera Márquez.
La importancia de la minería
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en un escenario hipotético en el que se paralizara la actividad minera se generarían pérdidas económicas diarias de más de S/160 millones, con lo cual se dejarían de recaudar cerca de S/55 millones cada día o S/20 mil millones por año.
Asimismo, el IPE estimó que bajo esta misma figura, se dejarían de exportar cerca de US$38 mil millones anuales, lo que representa casi el 65% del valor exportado en 2021.
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Una caída de las exportaciones y las importaciones ante la parálisis del sector también haría decaer el ingreso de dólares al Perú. Según el IPE, en el corto plazo una hipotética paralización del sector minero generaría que el tipo de cambio se deprecie casi el doble de lo que ya se ha incrementado a lo largo del 2021.
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