Redacción Economía

La agencia calificadora Moody’s alertó en un reporte que la mayor frecuencia de incidentes políticos en los últimos años, a raíz de la crisis política que ha enfrentado a los poderes Ejecutivo y Legislativo, apunta a un debilitamiento de la gobernanza y las instituciones, que, si se mantiene, podría pesar aún más sobre la confianza y el desempeño económico.

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Hasta la fecha, los diversos episodios de luchas políticas internas [en el Perú] han tenido un impacto negativo marginal en variables financieras como el tipo de cambio, los rendimientos de los bonos y otros activos financieros, pero los efectos en la economía real han sido más pronunciados, lo que pesa sobre el sentimiento económico y frena crecimiento desde 2016”, se lee en el reporte, elaborado por Jaime Reusche, vicepresidente y Senior Credit Officer de la entidad, Calyn Lindquist, analista asociada, y Mauro Leos, director gerente asociado.

Los especialistas apuntaron, de hecho, que a lo largo de los años se ha mantenido una dicotomía en el país entre las instituciones políticas, que la agencia considera débiles, y las instituciones económicas peruanas, resaltadas por su fortaleza y por su búsqueda en preservar la estabilidad macrofiscal “actuando como un freno a la influencia de la clase política en desempeño económico y fiscal”.

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Esta tensión se ha mantenido durante más de 20 años, de manera que los mercados la han internalizado como parte inherente del perfil crediticio del soberano, hasta el punto en que se le da más peso a las instituciones económicas”, remarcaron.

Asimismo, agregaron que por ello los mercados financieros valoran el riesgo del Perú por debajo de Chile, que aunque tiene mayor calificación crediticia (A1) mantiene un riesgo negativo (la calificación del Perú es A3 estable).

Pero el continuo choque de poderes e inestabilidad política estaría poniendo en mayor riesgo el desempeño de la economía, a pesar de la solidez de sus macrofinanzas, advirtieron los analistas de Moody’s. El evento que trae mayor incertidumbre, en ese sentido, son las elecciones generales del 2021.

Aunque esperamos una amplia continuidad de las políticas del nuevo gobierno interino [de Francisco Sagasti], las próximas elecciones generales determinarán la trayectoria final de las prioridades de política del gobierno, lo que podría socavar las finanzas del gobierno y, a su vez, el perfil crediticio soberano”, detallaron.

Congreso de la República. (Foto: Manuel Melgar/GEC)
Congreso de la República. (Foto: Manuel Melgar/GEC)

REVISIÓN DE EXPECTATIVAS

Según los especialistas de Moody’s, el último incidente político tendrá un efecto moderador en la recuperación de la economía en 2021: la agencia ahora prevé que la actividad se recuperará en un 9,2% el próximo año, en comparación de la proyección del Banco Central de Reserva (11%).

Apuntaron, en ese sentido, que en ausencia de reformas estructurales que respalden el crecimiento potencial y amplíen la base de ingresos, pesará un panorama económico más débil sobre los objetivos de consolidación fiscal conforme las autoridades avancen para reducir un déficit fiscal, que de acuerdo a estimaciones de la agencia alcanzará el 8,5% del PBI en el 2020.

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Por otro lado, criticaron la norma aprobada por insistencia por el Congreso de la República sobre el retiro anticipado de aportes a la ONP. Los analistas de Moody’s consideraron que esta es “una decisión que puede poner en peligro el presupuesto y los objetivos de consolidación establecidos en el marco del gobierno. marco fiscal, además de socavar potencialmente la credibilidad de la política fiscal, ya que el costo fiscal de esta medida será equivalente al 2% del PBI”.

Los analistas culminaron el reporte precisando que este tipo de medidas, así como los desafíos que existen en la gobernabilidad del país a raíz del actual Congreso, “son una ventana a lo que se puede esperar en el futuro”.

La política conflictiva sugiere que habrá poco apoyo de la clase política para el endurecimiento fiscal o las reformas estructurales. Al gobierno que surja de las elecciones generales de abril de 2021 no le resultará más fácil gobernar. Ninguno de los candidatos presidenciales actuales está respaldado por un partido político fuerte, y es poco probable que el eventual ganador reciba un fuerte apoyo de un congreso que probablemente permanecerá fragmentado. Esto marcará una desviación del entorno político anterior del Perú que, aunque propenso a las luchas internas, rara vez condujo a una interferencia política en la gestión fiscal, lo que proporciona señales de deterioro institucional que pueden socavar la fortaleza fiscal del soberano con el tiempo”, puntualizaron.

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