La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, participó en el Foro Competitividad y Productividad, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, participó en el Foro Competitividad y Productividad, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Redacción EC

, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (), criticó este jueves durante la presentación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) que las políticas aplicadas en gobiernos anteriores para reducir la en las no han tenido un impacto efectivo, precisando que los resultados han sido limitados.

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Cáceres precisó que en este segmento en particular que ha merecido una atención preferente del Estado cerca de 15 años atrás, “un régimen especial que le resulta aplicable y que podría potencialmente tener la posibilidad de formalizar a 4,5 millones de trabajadores, la planilla electrónica nos revela que no ha logrado (formalizar) a más de 400.000 trabajadores”.

“Para el Gobierno, la informalidad mata. El entorno informal representa también la falta de oportunidades para los microempresarios para vincularse positiva y asociativamente a otras cadenas de valor y de producción”, precisó.

La ministra detalló que erradicar la informalidad requiere de un trabajo en conjunto de las diversas entidades gubernamentales como los sectores de Producción, Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo; y también de aquellas autoridades responsables de ejercer control respectivo de licenciamiento para agilizar los trámites y combatir la evasión tributaria.

FORMALIZACIÓN
La ministra Cáceres dijo conocer de forma cercana las diversas quejas que se han trasladado a su sector alrededor de la inspección de trabajo, tanto desde los trabajadores como desde las empresas.

Entre estas, listó que se menciona que es insuficiente, que no tiene alcance nacional y apenas cubre el 10% de las unidades de empleo formal; pero, de otro lado, señaló que la discrecionalidad que acompaña a la actuación de inspectores “tiene que ser conducida con protocolos y directivas que garanticen predictibilidad, seguridad jurídica y que permitan potenciar la inspección de trabajo que responda a los perfiles de riesgo de mayor incumplimiento acusado de las normas de trabajo”.

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