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Redacción EC

En el 2016 los ingresos por concepto de y sanciones que recauda el Estado aumentaron en 7,2% respecto al 2015, al pasar de S/ 1.618 millones a S/ 1.734 millones, mientras que en los últimos siete años los ingresos por este concepto se elevaron 172%.

Este incremento no solo se debe a una mejora en el esfuerzo de fiscalización del Estado y el alto incumplimiento de las reglas por parte de las empresas, pero también de un incentivo pro multas, aducen los empresarios.

Andreas von Wedemeyer, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (), sostiene que en la medida en que los montos recolectados por las multas y sanciones permiten financiar algunas de las actividades de las instituciones públicas que las imponen, genera un incentivo perverso para aumentar su recaudación.

El presidente de la SNI indicó que durante todo el 2016 se captó por multas no tributarias 67% más de lo presupuestado que fue S/ 746 millones.

Para Von Wedemeyer, se deben simplificarse las regulaciones de forma razonable, revisándose  los mecanismos fiscalizadores y minimizando la discrecionalidad de los funcionarios que aplican las multas, para reducir el incumplimiento de las normas y así promover la formalidad en las empresas. “Las multas o sanciones deben contar con un estudio técnico que las sustente”, señaló. 

Además, solicitó que lo recolectado no financie las actividades de la institución involucrada.

Para el empresario, la aplicación de multas es una traba a la formalización de las empresas y complica que el país vuelva a exhibir altas tasas de crecimiento.

Las entidades que captaron más ingresos por multas en el 2016 fueron las municipalidades provinciales y distritales, con S/ 514 millones, un 22% más respecto al 2015. El presidente del gremio industrial alertó que justamente estos gobiernos subnacionales concentran la mayor cantidad de barreras burocráticas identificadas por el Indecopi. Mientras, la Sunat, si bien redujo lo recaudado en 13% con respecto al 2015, captó S/. 485 millones en el 2016, constituyéndose en la segunda institución pública que obtuvo los mayores recursos por multas y sanciones.

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