Municipalidades gastan cerca del 50% de su presupuesto en pago a trabajadores

La situación de la Municipalidad de Chiclayo, en la región Lambayeque, ejemplificó la necesidad de regular la negociación colectiva para los trabajadores del sector público.

Fue este caso el que repasó ayer martes el grupo de trabajo del Congreso encargado de la revisión del Decreto de Urgencia 04-2020, que pone parámetros al ejercicio de este derecho colectivo. Dicha municipalidad tiene asignado este año más de S/118 millones, de los cuales el 57% servirá para atender gastos de personal. En contraparte, solo un 23% se usará para la inversión en obras dentro de la localidad.

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“Hemos sido el peor ejemplo de administración pública que ha tenido el Perú en toda la vida republicana”, fue la autocrítica que llevó el alcalde de Chiclayo, Marco Gasco, al referido grupo de trabajo.

Según comentó el también vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, el aumento en los gastos vino producto del cumplimiento de nuevos derechos adquiridos por los trabajadores mediante la negociación. “Por planilla de pactos colectivos pagamos cerca de 20 millones de soles más, de los 52 millones de soles que ya pagamos al año”, aseveró.

Con la mitad de esos S/20 millones, Chiclayo podría financiar 150 unidades motorizadas, según la propia autoridad.

Es por ello que el espíritu del decreto de urgencia, en palabras del Ministerio de Economía (MEF), busca “encontrar un punto medio” y resolver problemas de inequidad. Según estadística presentada por el MEF, solo el 2,6% de los trabajadores de gobiernos nacionales y regionales registrados negocian beneficios laborales.

“Se ha identificado bajo cuentas restringidas en los aplicativos informáticos del MEF que hay 900 tipos de conceptos que se pagan. Por ejemplo, Día del Trabajador, Día del Reniec, retorno vacacional. Van creando conceptos”, relató el director general de gestión fiscal de los recursos humanos del MEF, Victorhugo Montoya. Volviendo al caso de Chiclayo, en el Día del Trabajador Municipal, un obrero recibe como bonificación el 50% de su remuneración total mensual. Por pagos como estos, que tampoco están debidamente reportados al MEF, es que hoy se registran cerca de S/1.800 millones en planilla del sector público sin sustento.

DISCUSIÓN DEL DECRETO

Para el abogado laboralista Jorge Toyama, la aprobación del decreto de urgencia brinda una solución a la administración de la planilla pública. “El esquema actual es nocivo porque beneficia a pocos y de manera extrema, perjudicando el presupuesto nacional”, aseveró.

El decreto especifica que para efectos de la negociación colectiva será el Ministerio de Economía el que deba realizar un informe económico financiero que busque especificar en qué medida se puede ejecutar un incremento en beneficios salariales.

Este punto, para Toyama, podría perfeccionarse. “Es correcto que el MEF diga que hay un presupuesto máximo. Lo que sí creo es que la oportunidad de mejora en la norma es que se permita que las partes puedan objetar la parte del MEF. Así se da una solución intermedia”, afirmó.

Laboralistas que se oponen a la medida expusieron en el grupo de trabajo que el decreto es pasible de una demanda de inconstitucionalidad.