Si los primeros meses de pandemia del COVID-19 fueron de incertidumbre laboral para las empresas, los meses que vienen serán de búsqueda de consensos con los trabajadores: la reactivación económica gradual inició y también lo hicieron las negociaciones colectivas. El escenario es complejo. Con meses en para y una débil demanda, las finanzas de las empresas siguen en una situación crítica; y con ello su capacidad para cumplir los pliegos ya acordados y los que se podrían generar se ha visto dificultada.
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Algunas empresas están tomando la iniciativa y citan a sindicatos –con apoderamiento especial de sus afiliados– a revisar determinados puntos de los acuerdos colectivos vigentes para diferir sus pagos, comenta César Gonzales Hunt, socio del área laboral del estudio PPU. En otros casos, añade, los sindicatos ven la oportunidad de diferir la oportunidad de iniciar las nuevas negociaciones colectivas para cuando haya mayor claridad sobre las finanzas de la empresa (y se puedan pedir incrementos salariales).
¿Qué puntos serían los que están siendo evaluados? Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, indica que algunos beneficios en este contexto de distanciamiento social ya no se pueden ejecutar, y estos no se deben valorizar económicamente para los trabajadores; como la organización de una fiesta por el Día del Padre, por ejemplo.
“Algunas empresas dan el adelanto de utilidades como beneficio, pero como empresa veo que no habrá utilidades por la situación económica de este año. Entonces, ¿qué adelanto de utilidades le puedo dar si no tendré este año? No se va a poder cumplir”, advirtió Lora.
El punto pendiente, sin embargo, será el de los incrementos salariales (que era el pedido principal de los trabajadores cada año); sobre todo de cara a los nuevos pliegos que se vienen. La medida estará fuera de la mesa para evitar mayores daños a las cajas de las empresas, señalan los especialistas consultados. Esto, además, en un contexto en que los recortes en las planillas vienen dándose en todo tipo de empresa, los salarios se vienen reduciendo a nivel nacional y los trabajadores priorizarán otros temas.
LAS CARTAS SOBRE LA MESA
Con una crisis económica que aún no ve fin, tocará a las compañías ser más creativas en los beneficios que otorgan a los trabajadores, sin que ello signifique incrementar los presupuestos, señala Adriana Villalba, Líder de Consultoría de Mercer Perú.
“La naturaleza de los acuerdos va a empezar a cambiar. Preveemos que si antes las banderas de los líderes sindicales era el incremento salarial o beneficios económicos; esto va a cambiar para buscar estabilidad laboral y beneficios de salud”, indica.
De acuerdo al Estudio de Pactos Colectivos 2020 elaborado por Mercer Perú —que tuvo como base empresas que facturan US$511 millones de dólares anuales en promedio, y tienen dos sindicatos promedio cada una—, la mayoría de las firmas ya ofrece un plan médico a sus empleados, y en 8 de cada 10 casos se cubre tanto al trabajador como a su cónyuge e hijos durante el primer semestre del año.
Entonces, unos de los pedidos más relevantes será exigir una cantidad de equipos de protección personal (EPP) mayor a la obligatoria; y pedirán que el servicio de movilidad proporcionado por la empresa (que ya lo vienen implementando el 73% de ellas) sea más integral hasta que no se encuentre una vacuna contra el COVID-19, explica Villalba. Asimismo, se discutirá en las mesas de negociación la reconfiguración del bono por escolaridad para que este cubra el otorgamiento de herramientas tecnológicas (como laptops o servicio de Internet) para que sus hijos se eduquen virtualmente.
De otro lado, también se están viendo acuerdos para garantizar los puestos de trabajo, señala Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama. “Hay algunos compromisos respecto a que no haya aumentos, pero me comprometo a no despedir o a no iniciar ceses colectivos o suspensión perfecta de labores”, agrega.
Con todos estos pedidos en la mesa, se necesitará acelerar las negociaciones. Un mecanismo que las empresas suelen usar para cerrar más rápidamente las negociaciones –que duran en promedio 118 días– es el bono por cierre de pliego, el cual cobraría mayor relevancia, señala la vocera de Mercer Perú. Esto se da en un contexto en que los trabajadores no recibirán ningún incremento salarial y, además, los sindicatos están retomando sus actividades.
“Tanto para empresas y sindicatos no ha sido de fácil adaptación [el negociamiento virtual]. Especialmente, porque los líderes sindicales suelen estar en le segmento generacional de baby boomers, todavía se les complica el tema virtual”, añade Villalba.
SIN CONSENSOS
Si bien las empresas apuntarán a lograr consensos en un periodo corto de tiempo, algunos no podrán lograrlo; como en las empresas donde se tomaron previamente medidas como la suspensión perfecta, sin una buena estrategia de comunicación con sus empleados.
Algunos verán como una opción el acudir al Ministerio de Trabajo (MTPE) para que las negociaciones se encaminen. Sin embargo, el dictamen laboral económico, en donde la entidad da su opinión sobre la capacidad del empleador en cumplir el pliego, no suele favorecer a las empresas, señala Cecilia Guzmán-Barrón, socia y jefa del área laboral en DLA Piper Perú.
“Estos dictámenes son muy políticos, no dicen nada claro respecto a si la empresa puede o no cumplir con el pliego. Espero que se solucione eso con la mayor prontitud, porque ahora necesirtamos que los dictámenes concluyan [ya sea a favor o en contra de pliego] y sean objetivos. Preocupa que el MTPE no adopte una posición favorable a las posiciones laborales”, añadió.
La actuación del MTPE, entonces, será un reto, agrega Toyama. Asimismo, indica, se abre el espacio para que arbitrajes laborales tengan una mayor actuación, dado que el sindicato no puede ir a huelga.
Lora, de otro lado, precisa que para aquellas empresas con negociaciones colectivas vigentes y no resueltas aún, “es fundamental que el empleador pida un nueva examen económico financiero” con las nuevas condiciones.
Demandas en la mira: Otros conflictos laborales
- Suspensión perfecta: Tras rechazo de la suspensión perfecta de labores, muchos trabajadores han enviado cartas notariales para que se les reintegre, señala Guzmán-Barrón.
- Compensación de horas: La licencia con goce de haber fue asumida por las empresas en los primeros meses. La compensación de horas se está canalizando por los sindicatos.
- Poder Judicial en pausa: De momento no se conocen demandas admitidas, pues los trámites en el PJ se han reactivado parcialmente y las demandas de trabajadores demorarán en ser admitidas.
- Ceses colectivos: Hay procesos en trámite de ceses colectivos. “Esperamos que el MTPE tenga más apertura en sus criterios”, señala Toyama.
BONUS: El rol fiscalizador de Sunafil en la pandemia
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) realizó 32.082 fiscalizaciones en el segundo trimestre del año, lo que representa el 92% de sus intervenciones; y solo 2.930 inspecciones fueron orientaciones, según cifras oficiales de la entidad. De acuerdo a laboralistas consultados, debería existir un tratamiento especial para que las multas que deriven de fiscalizaciones puedan ser pagadas posteriormente por las empresas.
“Me preocupa que no tengamos aire de Sunafil, está pasando mucho que están viendo temas de hostigamiento sexual, horas extras, o igualdad salarial; o reactivando inspecciones correspondientes al 2019 y dando multas”, señaló Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors.
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Al respecto, señaló que debería existir un proceso tácito de amnistía en un periodo en que la caja de las empresas están golpeadas; y además se están realizando gastos para los EPP o el distanciamiento social.
En tal sentido, para Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, el rol de Sunafil debe migrar hacia la orientación en un contexto extraordinario. “Todos estamos sensibles con la pandemia pero debe haber apertura y más flexibilidad. No que se perdone [las multas], pero hay que cambiar esa visión de sanción a orientación”, indicó.
De momento, lo que vienen realizando las empresas es acogiéndose al fraccionamiento de las deudas derivadas de Sunafil, señala Cecilia Guzmán-Barrón, jefa del área laboral en DLA Piper Perú. “Podría establecerse un periodo en que se congelen las deudas y se pueda pagar después, pero dudo que lo vayan a hacer, porque también el Estado requiere de fondos”, explicó.
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