Nudo legal detiene proyecto de irrigación Puyango-Tumbes

El proyecto de irrigación binacional Puyango-Tumbes ve impedido, una vez más, la posibilidad de concretarse. Esto debido a que un tribunal arbitral ad-hoc emitió, a inicios de noviembre, un laudo en el que dictamina que el contrato firmado entre el Estado peruano y el Consorcio Fronterizo debe rescindirse, según explica Ignacio Basombrío, miembro del Consejo Directivo del Consejo Empresarial Peruano-Ecuatoriano (Capecua).

La historia de este proyecto de irrigación binacional es, por decir lo menos, accidentada. El 26 de octubre de 1998, Perú y Ecuador suscribieron un acuerdo de paz en el que se incluía la ejecución de un proyecto binacional de irrigación que permitiría ampliar la frontera agrícola de ambos países en 41.500 hectáreas, de las cuales 19.500 estarían en el lado peruano y el resto en el vecino país del norte.

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Luego de 12 años el Estado Peruano firmó un contrato con Consorcio Fronterizo (constituido por las constructoras Hidalgo e Hidalgo y CASA) para que construya la represa Matapalo dentro de la superficie del Parque Nacional Cerros de Amotape con el propósito de aprovechar el recurso hídrico que provee el río Tumbes. Del lado peruano esta obra demandaría una inversión cercana a los US$150 millones.

El hecho de que las obras se ejecuten dentro de un parque nacional hizo que Sernanp no diera permiso a la empresa de ingresar para hacer los estudios de factibilidad de la presa, la cual debía ocupar el 0,4% del área protegida; por lo cual el proyecto nunca se inició.

Es así que el año pasado el Gobierno rescindió el contrato, pese a que el contratista le propuso alternativas legales –como la modificación de la extensión del parque nacional– en su afán de desarrollar el proyecto, según afirma Basombrío.

¿SOLUCIÓN?

Todos esto hizo que se busque una solución ante un tribunal arbitral ad-hoc, el cual anunció que emitiría su laudo el 12 de noviembre pasado. Mientras se esperaba el fallo, el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso mediante la cual se reducía en 277,6 hectáreas el área protegida y las convierte en zona de amortiguamiento, con el fin de que ahí se pueda implementar la presa Matapalo.

Sin embargo, el tribunal arbitral emitió el laudo 10 días antes de la fecha en la que dijo que daría a conocer su fallo, el cual refrendaba la decisión del Estado de rescindir el contrato con Consorcio Fronterizo. Mientras que la norma que cambiaba las dimensiones de la zona protegida fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el pasado 12 de noviembre, el mismo día en que el tribunal dijo que emitiría su veredicto.

"Entonces aquí existe un nudo legal que impide que el proyecto se desarrolle y es alarmante, porque la ley que cambia las dimensiones de la zona intangible dice claramente que si no se ejecutan obras hasta el 2021, todo vuelve a fojas cero", explica Basombrío.

El representante de Capecua afirma que se podría aprovechar la reunión que sostendrán los miembros del gabinete ministerial Perú-Ecuador hoy viernes en Jaén, para tratar de encontrar una solución al problema.