Israel Lozano Girón

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El jefe de la , Victorhugo Montoya, hace un repaso a los cambios aplicados y por implementar al sistema luego de un año de alta exposición política y mediática para la institución. Señala que las medidas se han concentrado en el ámbito normativo. Asimismo, comenta los impactos que tendrían algunas reformas como el reducir la obligatoriedad de los 20 años de aportes.

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— En el 2020, la ONP enfrentó una caída en la recaudación de aportes y, a la par, una ley de devolución que terminó anulada por inconstitucional. ¿Qué rescata de todo ese proceso?

También tuvimos que mejorar nuestra atención ante la pandemia. Todas las solicitudes se presentaban de manera física. Sobre estas propuestas del Congreso, al tener tanto foco y exposición política, salieron a relucir algunas falencias. Nos dimos cuenta de que no lográbamos conectar con la gente, no se entendía el sistema.

— ¿Qué intervenciones se ejecutaron a raíz de ello?

Lo primero fue lo normativo. Tras 46 años, modificamos el reglamento del régimen 19990, pensado en los años 70, cuando la lógica de la norma era que toda la población fuese formal. Unificamos toda la normativa y modernizamos algunos conceptos.

— Se incluyó, por ejemplo, la posibilidad de convenios con comercios para recaudar aportes. ¿Qué tan avanzado está ello?

Es todo un proceso, pero la habilitación ya la tenemos.

— ¿Se ha definido qué tipo de comercios?

En una ‘hackaton’, un equipo hizo un estudio para trabajar con cooperativas de ahorro. Sacas un préstamo y la cooperativa recauda el aporte para nosotros. No te miento que es un proceso largo, pero estamos viendo opciones. También hemos visto [la opción de] débito automático para independientes. Ya estamos identificando a algunos bancos. A mediados de año deberíamos estar implementando algunas [opciones].

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— En el caso de los jubilados, ¿qué cambios se aplicaron para que fuera más factible superar la obligación de los 20 años de aportes?

Ahora los jubilados tienen la posibilidad de presentar una declaración jurada para sustentar hasta seis años de aportes. En esa línea, también estamos invirtiendo en digitalizar la base de datos de 40 millones de folios para que aparezcan con claridad la información del afiliado y sus aportes. El proyecto tomará años, pero es un elemento central de lo que se debe hacer en la ONP. Además, hemos trabajado en la posibilidad de que el afiliado pueda combinar aportes: desligamos el aporte de su condición de trabajador dependiente o independiente y permitimos que el afiliado pueda hacer aportes adicionales para que la remuneración de referencia para el cálculo de la pensión suba.

— Con todo ello, ¿en cuánto sube la población afiliada que lograría una pensión?

Hoy tenemos 4,8 millones de afiliados. Con la pandemia, los aportantes pasaron a 800 mil; en un momento normal eran 1,6 millones. Si no hacíamos nada, de los 4,8 millones de afiliados, el 30% iban a ser pensionistas. Con las medidas, calculamos que pueda aumentar a un 50% a 60% de afiliados los que obtengan pensión. Con una medida legal de bajar la cantidad de años de aporte a 10, podríamos llegar a 80%.

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— ¿Qué tanto sumará a la sostenibilidad del sistema?

La idea es irnos desligando del Tesoro Público. [Pero] es difícil proyectar el futuro económico. No sé si sea a larguísimo plazo, pero al menos no lo será a corto.

— Al margen de los cambios, ¿considera necesario evaluar el funcionamiento del esquema redistributivo que hoy maneja la ONP?

Los sistemas de reparto tienen una tendencia a trabajar cuentas individuales, pero no como el sistema privado. Si me preguntas a mí de manera personal, deberíamos tender a una reforma más estructural de la organización industrial del modelo previsional. Manejar como se ha venido manejando, dentro de una competencia, es difícil que logre conciliar [ambos sistemas]. Hay varios mecanismos para hacerlos convivir.

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