Aunque hoy por hoy los esfuerzos de los especialistas de la salud están congregados en la atención de personas contagiadas por COVID-19 –en hospitalización se encuentran más de 14.000 pacientes–, enfermedades crónicas como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el cáncer requieren también de atención oportuna, observación y vigilancia médica.
“Estos pacientes son más susceptibles a implicarse a enfermedades infecciosas porque su inmunidad está mellada”, advierte el doctor Enrique Orrillo, presidente de la Asociación Peruana para el Estudio del Dolor (Asped).
MIRA: Minsa: personas con VIH y cáncer incluidas en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19
Hasta el año 2019 se notificaron 8.447 casos de infección por VIH en el Perú, conforme a datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa). Esta cifra, como se observa en el gráfico, bajó hasta 3.032 en el 2020. Pero ello no significa que el número de pacientes diagnosticados haya disminuido. Se trata, por el contrario, de la evidencia de una problemática.
“La oferta de pruebas rápidas ha caído [por la pandemia]. Si revisamos años anteriores, [los pacientes diagnosticados] no bajaban de 5.000”, señala Marlon Castillo, coordinador del Grupo Impulsor de Vigilancia sobre abastecimiento de medicamentos Antirretrovirales (Givar).
“Ahora las personas ya no se realizan exámenes de rutina para VIH, sino porque verdaderamente se sienten mal. El diagnóstico tardío es un problema mayor”, añade.
Datos de la organización muestran que, aproximadamente, 69.000 personas reciben tratamiento antirretroviral en el Perú, una terapia mediante la cual el paciente toma medicamentos –como atazanavir y abacavir– para bloquear enzimas que requiere el virus en su proceso de reproducción en el organismo. Anteriormente, era conocido el desafío constante de atender el desabastecimiento de los fármacos. A ello ahora se ha sumado la verificación de que los mismos no se encuentren vencidos y el monitoreo clínico de los pacientes.
“Se trata de pruebas de seguimiento: CD4 y carga viral. El primero mide cuál es el nivel de defensas que tiene el organismo de una persona que vive con VIH para determinar si está mejorando. Y la carga viral, también, que significa si está haciendo efecto o no el tratamiento. Hay personas que van más de un año sin esas dos pruebas, que se deberían hacer cada seis meses”, afirma Castillo.
“No lo están haciendo porque el Instituto Nacional de Salud, que realiza por lo general este tipo de exámenes, está abocado a hacer las pruebas COVID-19”, observa.
En vista de descongestionar a los grandes establecimientos –como el Hospital Rebagliati–, el año pasado este tratamiento se comenzó a entregar en otros centros de salud. Aunque ello ayudó en su objetivo inicial, también generó otros problemas.
“Con la pandemia, muchas personas perdieron su trabajo y tenían seguro social. Entonces, su tratamiento antirretroviral lo recibían en un hospital del ministerio. Al perder el seguro, tenían que pasar al SIS (Seguro Integral de Salud). El trámite que se genera para pasar de un sistema a otro no es tan ágil”, resalta Castillo.
Esta misma situación de desatención enfrentan los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón –considerando que existe mayor vulnerabilidad al conocer que el COVID-19 produce daños severos en el órgano–. Según el Centro Nacional de Epidemiología, los distintos tipos de cáncer ocasionan aproximadamente 32.000 muertes anuales en el país, un número que podría elevarse hasta los 40.000 debido al contexto de pandemia.
En la región latinoamericana, a siete de cada diez pacientes les cancelaron o reprogramaron sus citas médicas a raíz del coronavirus, según una encuesta realizada por la Unión Latinoamericana y Caribe contra el cáncer de pulmón. Las cifras revelaron también que uno de cada dos pacientes experimentó agravamiento de la enfermedad por retraso en la atención.
En el ámbito local existen aproximadamente 2.888 nuevos casos anuales de cáncer de pulmón, detalla Karla Ruíz de Castilla, miembro de la unión. Frente a este número, saludó la aprobación en el Pleno del Congreso del dictamen que declara de interés nacional la prevención, detección temprana y tratamiento de la enfermedad (Proyecto de ley 5522).
“No todo se puede resolver con la teleconsulta. En realidad, algunos pacientes necesitan ser atendidos in situ”, expresa Ruiz de Castilla. “Los pacientes con cáncer de pulmón tiene 11 veces mas posibilidades de morir por infección grave de COVID-19 que una persona sin comorbilidades”, agrega.
Atendiendo esta necesidad, el documento recientemente aprobado señala que se podrán implementar insumos referidos a la terapia biológica para el tratamiento del cáncer pulmonar en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. “Esto tiene que ir acompañado con una asignación presupuestal acorde a lo que se necesita. Hay estigma por el cáncer de pulmón, que también se produce por contaminación ambiental” subraya.
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